Concejal Cabral:"El mismo intendente paga por los servicios de la utilización de un bien público para un tema personal… él mismo se emite la factura a través de la dirección de rentas"

La ciudad de Clorinda se encuentra en el epicentro de una tormenta política que promete trasladarse de las bancas del Concejo Deliberante a los estrados judiciales. Lo que comenzó como un rumor sobre el uso irregular de maquinaria municipal ha derivado en una denuncia estructural sobre el manejo de los fondos públicos.

El concejal Arturo Cabral expuso una serie de irregularidades que, según su visión, demuestran una «desaprensión total de parte del ejecutivo municipal en la necesidad de cumplir con las normas».

El eje central de la polémica se originó tras la detección de un grupo electrógeno municipal y personal técnico operando en un evento social de carácter estrictamente personal del intendente Ariel Caniza en la zona de Itá Enramada. Este hecho motivó un pedido de informes inmediato por parte del bloque del Frente de la Victoria.

Al respecto, Cabral fue categórico: «Básicamente lo que nosotros tenemos con el tema de la gestión municipal… es una serie de pedidos informes que nosotros hemos realizado en razón de que se utilizan fondos públicos para la realización de eventos personales sociales que lleva adelante el intendente municipal».

Lo más llamativo para los ediles fue la rapidez con la que el Ejecutivo intentó blanquear la situación antes de que el pedido de informe fuera tratado. Según Cabral, el municipio intentó simular un alquiler del equipo: «El mismo intendente paga por los servicios de la utilización de un bien público para un tema personal… él mismo se emite la factura a través de la dirección de rentas. Claramente es un acto simulado». El concejal subrayó además la desigualdad ante la ley, afirmando que «no le prestan ese servicio a ningún ciudadano que quiera pagar por un grupo electrógeno para un festival; no se lo van a llevar».

La denuncia de Cabral no se limita a un hecho aislado, sino que describe un patrón de conducta donde el intendente ignora la Ley 1028, la cual establece que ciertos contratos deben contar con la autorización previa del cuerpo legislativo. Un ejemplo mencionado fue el comodato con el Banco de Formosa para instalar cajeros automáticos por diez años: «La contratación la hace el señor intendente sin recurrir al consejo… pretende que el consejo deliberante actúe nada más que como una suerte de escribanía que vaya a refrendar los actos que ya están llevándose adelante en forma irregular». Para la oposición, existe una «mala interpretación de la función pública ya que se confunde la cosa pública con la cosa privada».

Uno de los puntos más oscuros es la mención a las campañas de desprestigio contra concejales opositores mediante el uso de «Fake News» financiadas por los contribuyentes. Cabral confirmó que están recolectando pruebas para demostrar que se utilizan recursos del Estado para sostener estas «campañas sucias». Durante la entrevista, se comparó esta estrategia con tácticas de desinformación a gran escala, describiéndola como medios de comunicación pagados para atacar opositores: «Es a los rusos, pero en Clorinda».

Finalmente, a pesar de pertenecer a vertientes del mismo arco político (PJ), Cabral dejó en claro que la ética pública está por encima de las alianzas partidarias y confirmó que la primera denuncia penal ya está redactada. «Estamos decididos a llevar eso a la justicia… no vamos a pretender soliviantar esta cuestión por ser el mismo partido político… nosotros tenemos que dar el ejemplo todos», enfatizó. Además, reveló que cuentan con el apoyo de ciudadanos que informan sobre las irregularidades, señalando que el intendente tiene el sesgo de «creer que el cargo público le significa libertad para llevar adelante cualquier cosa que pueda beneficiarlo».