LOS MATACOS: Delegación Zonal Matacos les exige desafiar los cortes, buscar otros accesos, pese a las advertencias sobre su seguridad

Las rutas y caminos de la zona de Matacos vuelven a estar cortados por protestas de comunidades wichí que denuncian incumplimientos y promesas sin respuestas del Gobierno provincial. Los bloqueos, entre ellos el ubicado a la altura de Laguna Martín , impiden que docentes de distintos niveles lleguen a sus lugares de trabajo y afectan el dictado de clases.

En medio de ese conflicto, los educadores denuncian que son presionados por la Delegación Zonal Matacos para ingresar por caminos alternativos , aunque esos recorridos implican mayores distancias, presentan dificultades de circulación y, en algunos casos, también están bloqueados.

Así, mientras el Gobierno provincial mantiene sin resolver los reclamos que originaron las protestas, la exigencia de encontrar una salida recae sobre las maestras y los profesores rurales , que deben afrontar las consecuencias de un conflicto que no está en sus manos solucionar.

Una convocatoria para quienes no ingresaran por los desvíos

A través de un mensaje dirigido a los equipos directivos de la Zona Norte , la Delegación informó que, según los reportes recibidos, existía un camino alternativo que permitiría a varios docentes llegar a sus establecimientos.

La comunicación agregó que algunos educadores no realizarían el ingreso por esa vía y, por ese motivo, los citó a presentarse ante la Delegación Zonal.

La reunión se concretó este martes 10 de noviembre , en Ingeniero Juárez , ante la delegada zonal Marcela A. Ibáñez . Lo ocurrido quedó registrado en el Acta N.º 33/2026 , que expone las diferencias entre la posición de las autoridades y las condiciones de traslado señaladas por los trabajadores.

Intentaron llegar y también les impidieron pasar

Uno de los puntos centrales del acta es la explicación de los docentes: en algunos casos intentaron ingresar por los caminos alternativos, pero las personas que sostenían el corte también les impidieron avanzar .

El documento demuestra que el problema no puede reducirse a una supuesta falta de voluntad para llegar a las aulas. Hubo trabajadores que buscaron otros accesos y tampoco pudieron pasar.

Según la denuncia, los desvíos propuestos incluyen caminos más distantes, inseguros y de difícil circulación. Frente a esas condiciones, señalar desde una oficina que existe otra vía resulta insuficiente: es necesario verificar que esté disponible y garantizar que pueda recorrerse de manera segura .

Reclamaron garantías para su seguridad y sus traslados

La Delegación dejó asentado que algunos docentes utilizaban esas vías para salir de sus lugares de trabajo, pero rechazaban emplearlas para ingresar, argumentando que debían respetar la hoja de ruta correspondiente a sus recorridos habituales .

Por su parte, los educadores solicitaron seguridad y garantías a través de las fuerzas públicas y del IPS ante cualquier inconveniente que pudiera producirse al circular por otros caminos.

El planteo es concreto: quién responde si ocurre un incidente durante un traslado por una vía distinta de la habitual . El acta registra ese pedido, pero no detalla medidas de acompañamiento, transporte ni una verificación de las condiciones de seguridad de los recorridos.

La necesidad de sostener las clases no puede utilizarse para minimizar esas preocupaciones. Garantizar la educación también exige proteger a quienes deben llegar todos los días a las escuelas rurales.

Elevarán la nómina de docentes a las autoridades superiores

El acta establece que el documento, junto con la nómina de los agentes involucrados y sus respectivas manifestaciones , será elevado a las autoridades superiores para su conocimiento e intervención.

Esa decisión se suma al clima de presión denunciado por los trabajadores, aunque el documento no dispone sanciones . También establece que, mientras persista la situación, se asignarán funciones transitorias en el ámbito de la Delegación mediante una disposición.

Asimismo, aclara que las firmas de los presentes acreditan conocimiento y notificación, sin implicar necesariamente conformidad con lo actuado .

El Gobierno debe resolver el conflicto, no trasladarlo a los docentes

Los nuevos cortes vuelven a dejar expuestas las consecuencias de los reclamos sin resolver: comunidades que protestan, estudiantes con clases afectadas y docentes atrapados entre los bloqueos y las exigencias de las autoridades educativas .

La responsabilidad del Gobierno provincial es atender las demandas que originan el conflicto y garantizar condiciones para recuperar la circulación y la actividad escolar.

Presionar a las maestras y los profesores para que prueben caminos alternativos, sin asegurar que puedan transitar por ellos, traslada el costo del conflicto a quienes no tienen herramientas para resolverlo. La seguridad de los trabajadores no puede depender de encontrar un desvío y comprobar, sobre la marcha, si esta vez los dejan pasar.