Tensión al límite en el Concejo de Clorinda: el oficialismo impone su mayoría en medio de denuncias por sobreprecios y opacidad

Una jornada de fuerte tensión política se vivió en el Concejo Deliberante de Clorinda, donde el oficialismo impuso su mayoría para enviar al archivo pedidos de informes clave y aprobar una nueva moratoria tributaria que despierta fuertes cuestionamientos. La sesión parlamentaria dejó al descubierto las profundas discrepancies metodológicas e ideológicas que separan a la gestión local de la oposición, en un debate marcado por cruces verbales y el destino final de varias iniciativas que terminaron en el sepulcro legislativo.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada parlamentaria ocurrió durante el tratamiento del proyecto que buscaba extender a tres años el plazo de renovación de las licencias de conducir. Sorpresivamente, el concejal Mendoza, perteneciente al bloque Unidad y Compromiso Formoseño y actual aliado de la bancada oficialista, optó por desestimar y votar en contra de su propia iniciativa, permitiendo que el expediente fuera enviado de manera directa al archivo.

Asimismo, se generó una fuerte discusión en torno a la propuesta para financiar campañas publicitarias destinadas a difundir las funciones institucionales del cuerpo legislativo. Desde la oposición expresaron un enérgico rechazo, argumentando la innecesariedad de incurrir en gastos discrecionales mediante folletería y pauta publicitaria adicional cuando la comuna ya dispone de herramientas de comunicación activas, tales como la página web oficial del Concejo Deliberante y la estructura de la radio municipal, que cuenta con decenas de comunicadores en planta permanente.

El Expediente 40-C-2026 y la polémica por falta de transparencia

La tensión política alcanzó su punto más alto al abordar el Expediente 40-C-2026. Se trataba de un proyecto de resolución presentado por la oposición que consistía en un pedido de informes detallado sobre la adquisición y distribución de útiles y elementos escolares. El oficialismo, haciendo valer su superioridad numérica, envió la propuesta al archivo sin brindarle el debido tratamiento legislativo y sin haber completado la rendición contable obligatoria que exige este tipo de erogaciones.

Desde el bloque opositor afirmaron de manera contundente que «ganó nuevamente la opacidad», debido a que tanto el Intendente municipal como la Presidenta del Concejo se negaron sistemáticamente a entregar la documentación respaldatoria que legalmente debe acompañar a estas transacciones institucionales. Entre los datos retenidos se encuentran los precios unitarios por artículo plasmados en facturas, remitos y órdenes de compra, la modalidad empleada para la contratación —ya sea licitación pública, concurso de precios o compra directa—, el número de expediente de compra o adjudicación, y la identidad o razón social del proveedor beneficiado. En su lugar, las autoridades municipales se limitaron a remitir una nota de carácter general con un monto total global y una planilla que especificaba únicamente las cantidades físicas por artículo.

El debate subió de tono cuando la Presidenta del Concejo Deliberante tomó la palabra para justificar la reserva de las actuaciones administrativas. En una declaración que encendió las alarmas de los ediles de la oposición, la titular del cuerpo legislativo admitió abiertamente de cara al recinto que, tras mantener una conversación directa con el titular del Poder Ejecutivo, «decidieron que no van a transparentar los datos del proveedor del Estado para cuidarlo».

Esta afirmación motivó una inmediata reacción de la bancada del Frente de la Victoria, desde donde calificaron el hecho como un atropello institucional sin precedentes. «Esto nos parece grave, porque el manejo de la cosa pública no debe ser secreto», señalaron de forma tajante, añadiendo que resulta inaceptable la protección de intereses privados por encima del derecho constitucional al acceso a la información pública.

Contradicciones financieras y rechazo a una nueva moratoria

La polémica sumó un nuevo capítulo financiero cuando la presidencia del cuerpo brindó de forma verbal estimaciones de costos que no coinciden con los valores reales comerciales de la región. De acuerdo con lo manifestado en el recinto, la administración central abonó la suma de $68.600 por cada mochila de la marca "XS Sports". Sin embargo, relevamientos de precios en el comercio local demuestran que ese mismo producto ronda habitualmente entre los $26.000 y $30.000 por unidad.

Ante este desfase de valores, los concejales justicialistas manifestaron su indignación institucional: «Nos llama la atención que sigan desmereciendo la capacidad de entendimiento de la población de manera impune y sin sonrojarse». En ese sentido, explicaron que, bajo criterios de estricta eficiencia y transparencia administrativa, hubiese sido considerablemente más beneficioso para las familias otorgar de forma directa a cada trabajador un incremento salarial a través de la asignación por escolaridad.

Para graficar el impacto que hubiese tenido una distribución alternativa de los fondos, el bloque opositor precisó las cifras presupuestarias en juego. De haberse destinado el total de gastos del Ejecutivo, que ascendió a un importe de $74.075.900,00 (setenta y cuatro millones setenta y cinco mil novecientos pesos), se podría haber otorgado una asignación de «$105.822,71 para empleados del Ejecutivo». De igual manera, con el presupuesto ejecutado por el sector Legislativo, fijado en $10.618.700,00 (diez millones seiscientos dieciocho mil setecientos pesos), se habría alcanzado un beneficio de «$143.496,62 para empleados del Legislativo».

Al realizar el balance del debate, los representantes de la minoría concluyeron con dureza sobre la matriz de gobernabilidad local,反 firman que «con esta y tantas prácticas se consideran dueños de la cosa pública, cuando realmente deberían velar por los intereses de todos los clorindenses».

Por otra parte, la jornada legislativa incluyó la aprobación de un nuevo régimen de moratoria impositiva impulsado por el Ejecutivo Municipal, implementado apenas seis meses después del vencimiento de la última herramienta de regularización fiscal de similares características. El Bloque de Concejales del Frente de la Victoria – PJ Clorinda fundamentó su voto negativo advirtiendo sobre el impacto negativo de sostener esquemas de excepción de manera sistemática: «No podemos seguir con este régimen especial de regularización tributaria, porque es inequitativo e injusto para quienes están al día con sus tributos», sentenciaron.

Los ediles concluyeron señalando que la persistencia de estos mecanismos debilita la cultura tributaria local y oculta deficiencias estructurales en la recaudación. «Hace años venimos advirtiendo que es necesario saber en base a qué y cómo se cobran los tributos a los contribuyentes. Es necesario y urgente un estudio integral de los tributos para que los servicios sean equitativos y eficientes. Porque administrar los recursos en constante estado de emergencia es una irresponsabilidad», finalizaron, dejando planteada una agenda de fuerte confrontación política para los próximos meses en el municipio.