EL JUEZ DARÍO CARLOS BITAR HA RECHAZADO "IN LIMINE" NUESTRA DEMANDA POR INCONSTITUCIONALIDAD DE SENTENCIA CONTRA PAPACITO CABRERA
En el caso, el rechazo "in limine" configura un supuesto de rigorismo formal injustificado, que impide el examen de la cuestión planteada y priva a esta parte de una respuesta jurisdiccional efectiva, en contradicción con los estándares establecidos por la Corte Suprema y los tratados internacionales de derechos humanos (arts. 8 y 25 CADH).

La representación legal de la parte actora informa que el Sr. Juez Darío Carlos Bitar ha dispuesto el rechazo "in limine" de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la sentencia dictada en la causa vinculada a Papacito Cabrera, sin ingresar al tratamiento sustancial de los agravios planteados.
La decisión adoptada reviste extrema gravedad institucional, en tanto implica la negación del control de constitucionalidad, función esencial del Poder Judicial en un Estado de Derecho.
En efecto, la resolución prescinde del análisis de cuestiones medulares oportunamente introducidas, tales como:
La violación del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN).
La falta de fundamentación suficiente de la sentencia cuestionada, en abierta contradicción con el deber de motivación de los actos jurisdiccionales.
La afectación del derecho de propiedad y de tutela judicial efectiva.
La necesidad de ejercer el control de constitucionalidad frente a actos jurisdiccionales arbitrarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que:
"Las sentencias deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa"
(CSJN, Fallos: 272:188; 300:1080; 302:457).
Asimismo, ha establecido que:
"El rechazo liminar de una acción no puede fundarse en un rigor formal que impida el tratamiento de planteos constitucionales cuando se invoca la lesión de derechos fundamentales"(CSJN, Fallos: 306:2060; 310:819).
En igual sentido, la doctrina del Máximo Tribunal reconoce que el acceso a la jurisdicción y el control de constitucionalidad constituyen garantías implícitas del sistema republicano, que no pueden ser neutralizadas mediante decisiones que eviten el análisis de fondo.
En el caso, el rechazo "in limine" configura un supuesto de rigorismo formal injustificado, que impide el examen de la cuestión planteada y priva a esta parte de una respuesta jurisdiccional efectiva, en contradicción con los estándares establecidos por la Corte Suprema y los tratados internacionales de derechos humanos (arts. 8 y 25 CADH).
La jurisprudencia ha sido clara al sostener que:
"El exceso de formalismo que impide el tratamiento de una cuestión sustancial importa denegación de justicia"(CSJN, Fallos: 308:1553; 311:2478).
Por todo ello, entendemos que la resolución cuestionada no satisface los estándares mínimos de validez constitucional, al omitir el tratamiento de planteos sustanciales que requerían un examen jurisdiccional pleno.
En consecuencia, esta parte procederá a interponer los recursos correspondientes ante la instancia superior, a fin de que la cuestión sea debidamente revisada y resuelta conforme a derecho.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la vigencia de las garantías constitucionales y el acceso a una justicia efectiva y no meramente formal.
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