Polémica en Clorinda por un nuevo cargo en las facturas de la cooperativa
La implementación de un "aporte solidario" de $2.000 desató fuertes críticas de usuarios y socios, que denuncian un cobro impuesto sin consulta previa y advierten posibles reclamos legales.

La ciudad de Clorinda atraviesa horas de fuerte tensión tras el anuncio realizado por la cooperativa local, que informó a través de sus redes sociales la incorporación de un nuevo cargo en las facturas de sus servicios. La medida generó un inmediato rechazo entre los usuarios, quienes calificaron el cobro como arbitrario, compulsivo y carente de legitimidad.
Según el comunicado oficial, el nuevo ítem denominado "Aporte solidario" consiste en un cobro mensual de $2.000, aplicado por única vez en una de las facturas por cliente. La cooperativa sostuvo que se trata de una medida extraordinaria y temporal, orientada a sostener la calidad de los servicios frente al encarecimiento de los insumos y en el marco del concurso preventivo de crisis que atraviesa la institución. El cargo, indicaron, se encuentra respaldado por la Resolución 1123/26 del Consejo de Administración.
No obstante, lejos de apaciguar los ánimos, la explicación profundizó el malestar social, ya que numerosos usuarios consideran que la solidaridad no puede imponerse de manera unilateral ni incorporarse automáticamente en una factura de servicios.
Rechazo social y creciente malestar entre los usuarios
Las reacciones no tardaron en multiplicarse tanto en redes sociales como en las oficinas de atención al público. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta absoluta de consulta a los socios antes de adoptar la decisión. A ello se suma el reclamo por la calidad de las prestaciones, que muchos consideran deficiente, lo que vuelve aún más difícil aceptar un pago adicional en un contexto económico complejo.
El descontento también se refleja en una creciente amenaza de bajas del servicio. Varios usuarios sostienen que no están dispuestos a afrontar un cargo que consideran injustificado y que ya comenzaron los trámites para desvincularse de la cooperativa, profundizando el conflicto.
Dudas legales y advertencias de denuncias colectivas
Otro eje central de la controversia es la naturaleza jurídica del denominado "aporte solidario". Vecinos y usuarios remarcan que, para que un aporte sea realmente solidario, debe existir una manifestación expresa de voluntad. De lo contrario, su inclusión automática en la factura lo convertiría en un cobro compulsivo.
El cuestionamiento se extiende incluso a los usuarios que no son socios formales de la cooperativa, quienes, según advierten, no tendrían obligación legal alguna de abonar el cargo. En ese marco, ya se menciona la posibilidad de denuncias masivas ante la Defensoría del Pueblo y los organismos de defensa del consumidor.
Mientras tanto, entre los vecinos circula un llamado a no pagar el nuevo ítem y a exigir la refacturación de los servicios sin el cargo cuestionado. El reclamo de fondo apunta a la falta de participación de los socios en la toma de decisiones y a la legitimidad de una medida aprobada únicamente por el Consejo de Administración.
"Hablan de solidaridad, pero decidieron todo entre ellos", sintetizó uno de los damnificados. El conflicto, lejos de resolverse, amenaza con escalar si no hay respuestas claras, diálogo y transparencia por parte de la cooperativa.
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