Narváez:"casos tan sensibles como los de Xiomara Portillo o Agostina Vega deberían mantenerse estrictamente al margen de las disputas políticas sectoriales para no desvirtuar el pedido de justicia"

La referente de la Red de Infancia Robada, Ailín Narváez, volvió a pronunciarse con dureza sobre la investigación por la muerte de Xiomara Portillo y cuestionó el accionar de la Justicia provincial. Sus declaraciones se dieron tras las repercusiones políticas de su reciente exposición en el Senado de la Nación, marco en el cual se presentó el proyecto de intervención federal de Formosa impulsado por Francisco Paoltroni.

En dicha oportunidad, la abogada denunció vínculos entre sectores del poder político y el caso, apuntando directamente contra el concejal Marcelo Sosa al señalar la existencia de presuntas fiestas "donde pedían que vayan menores de edad". Ante esto, el edil manifestó que se trataba de una operación política, calificó la presentación de Narváez y Gabriela Neme como un "mamarracho" y anticipó que iniciaría acciones legales para "querellar y desenmascarar" a ambas por intentar manchar su imagen.

Consultada sobre este anuncio, Narváez aseguró que hasta el momento no recibió ninguna notificación formal. De manera contundente, afirmó: "No me llegó nada y no tengo miedo de responder en la Justicia si corresponde".

Cuestionamientos al expediente y sospechas por pruebas de ADN

Respecto a la causa judicial por la muerte de Xiomara, la letrada señaló que continúa acompañando el proceso desde afuera del expediente y sostuvo que existen aspectos clave de la investigación que siguen sin esclarecerse. Entre los puntos más críticos, se refirió a los estudios de ADN realizados durante la instrucción de la causa.

Según la información a la que accedió, Narváez aseguró que en dos de las muestras obtenidas se detectaron perfiles genéticos masculinos que no coinciden con los imputados que actualmente se encuentran vinculados al caso, lo que abriría nuevas líneas de sospecha. Debido a esto, calificó el expediente judicial como "un desastre" y enumeró una serie de irregularidades, entre las que detalló a personas clave que nunca fueron citadas a declarar, presuntas inconsistencias en el manejo de la evidencia y denuncias sobre sobres con muestras que habrían llegado abiertos al Cuerpo Médico Forense.

"Todas las líneas de investigación deberían seguirse hasta descartar hipótesis con pruebas. Acá pareciera que se apuntó desde el principio a una sola dirección", sostuvo la referente de la organización.

Al ser consultada sobre quiénes cargan con la responsabilidad por la falta de avances en la causa, consideró que la decisión final recae sobre el juez interviniente, Pablo López Picabea, aunque remarcó que todos los actores del sistema judicial tienen algún grado de responsabilidad en el actual estado del proceso.

Distanciamiento familiar y críticas a la politización de las marchas

Por otra parte, la referente de la Red de Infancia Robada se refirió al vínculo actual que mantiene con la familia de la víctima. Explicó que durante la etapa de búsqueda de la joven existió un trabajo conjunto y coordinado para visibilizar el caso en la sociedad, pero lamentó que la relación se deterioró notablemente tras una movilización realizada luego del hallazgo del cuerpo. Según relató, desde ese momento no volvieron a mantener ningún tipo de contacto.

Finalmente, Narváez cuestionó con firmeza el carácter que tomaron algunas de las movilizaciones recientes realizadas bajo consignas vinculadas a los reclamos por violencia de género en la provincia.

La abogada afirmó que determinadas convocatorias terminaron adquiriendo un marcado perfil partidario y consideró de forma crítica que casos tan sensibles como los de Xiomara Portillo o Agostina Vega deberían mantenerse estrictamente al margen de las disputas políticas sectoriales para no desvirtuar el pedido de justicia.