AGOSTINA Y XIOMARA: dos crímenes atroces, dos provincias y dos respuestas completamente opuestas

Los aberrantes asesinatos deAgostina Vegaen Córdoba yXiomara Portilloen Formosa tienen puntos de contacto imposibles de ignorar. Ambas eran menores de edad, ambas fueron víctimas de hechos de extrema violencia yen ambos casos aparecen nombres vinculados al poder político local.

Sin embargo, allí terminan las similitudes y comienzan diferencias que hoy explican por qué una causa avanza bajo la presión social y mediática, mientras la otra permanece rodeada de sospechas, silencio, impunidad y con Marcelo Sosa amenzando a quienes se animan a pedir Justicia o se animan a exponer el caso XIOMARA a nivel nacional.

La primera gran diferencia es judicial

En Córdoba, antes incluso de que fuera hallado el cuerpo de Agostina Vega, ya se encontraba detenido Claudio Barrelier, señalado como autor material del crimen. La investigación avanzó rápidamente y el principal acusado quedó privado de su libertad.

En Formosa ocurrió exactamente lo contrario.

A pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables denuncias públicas sobre irregularidades en la investigación, el caso Xiomara continúa sin detenidos y con los principales señalados gozando de una tranquilidad que para muchos sólo puede explicarse por el entramado de "complicidad policial-judicial y la protección política e institucional" que rodea al expediente.

Pero la diferencia más llamativa aparece en la reacción de los familiares, de las instituciones y de la sociedad.

En Córdoba, la familia de Agostina decidió exponer el caso ante la opinión pública, reclamar justicia y sostener la presión social hasta las últimas consecuencias. Esa actitud atrajo la atención de medios provinciales y nacionales, obligó a funcionarios a pronunciarse y generó una movilización ciudadana que todavía continúa.

El gobernador Martín Llaryora recibió a los familiares. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón brindaron conferencias de prensa abiertas para responder preguntas e intentar explicar el accionar del Estado.

Las explicaciones no convencieron a gran parte de la sociedad cordobesa ni a la opinión pública nacional. Sin embargo, los funcionarios tuvieron que dar la cara.

Hoy existen pedidos de renuncia contra el ministro de Seguridad, reclamos de jury de enjuiciamiento contra funcionarios judiciales y una fuerte presión social para que el concejal Ricardo Moreno sea apartado de sus funciones por sus vínculos con Claudio Barrelier.

Según trascendió públicamente, Moreno habría sido abogado defensor de Barrelier en una causa anterior por privación ilegítima de la libertad y violencia contra una mujer . Además, se encuentra bajo cuestionamiento por su relación política y laboral con el acusado, lo que convirtió al dirigente en uno de los principales focos de atención pública dentro de la investigación.

En Formosa sucedió algo completamente distinto

Lejos de potenciar la visibilidad nacional del caso, distintos sectores vinculados al oficialismo provincial, abogados cercanos al poder y organizaciones alineadas con el gobierno rodearon a la familia de Xiomara para desalentar la llegada de referentes nacionales como Marta Pelloni, y con ella periodistas  nacionales y organismos independientes que podían aportar una mirada externa para desenmacar las maniobras de encubrimiento en la investigación.

Uno de los episodios más controvertidos fue la resistencia a la llegada de la hermana Marta Pelloni, cuya presencia prometía atraer la atención de medios nacionales y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Mientras en Córdoba la exposición pública fue utilizada como herramienta para exigir justicia, en Formosa predominó una estrategia orientada a reducir la repercusión nacional del caso.

A ello se sumaron denuncias sobre desaparición de pruebas, presuntas manipulaciones de evidencias, testimonios cuestionados y una investigación que, para numerosos sectores de la sociedad formoseña, terminó desviándose de la búsqueda de la verdad para transformarse en un mecanismo de protección política.

En ese contexto, tampoco hubo conferencias de prensa abiertas, ni funcionarios obligados a responder preguntas incómodas, ni explicaciones públicas del poder político provincial sobre las numerosas irregularidades denunciadas.

Y quizás allí radique la diferencia más profunda entre ambos casos.

En Córdoba, la sociedad exige explicaciones, reclama renuncias, cuestiona a funcionarios y mantiene viva la demanda de justicia.

En Formosa, en cambio, la causa parece haberse convertido en un tema que el poder político intenta mantener lejos del debate local y fuera del radar de la atención nacional, mientras los interrogantes siguen acumulándose y los responsables continúan sin rendir cuentas ante la Justicia.

La historia de Agostina y la de Xiomara reflejan dos tragedias similares, pero también muestran dos formas radicalmente distintas y confrontadas de enfrentar una crisis institucional.

En una provincia hubo detenidos, conferencias de prensa, funcionarios bajo presión y reclamos de sanciones políticas.

En la otra, persisten las denuncias de encubrimiento y compliciades, el silencio oficial, la ausencia de detenidos y una sensación de impunidad que, lejos de disiparse, se profundiza con el paso del tiempo.