PATIÑO:"el gobernador es responsable de lo que hace la delegada zonal y no hace nada"

La referente de Docentes Autoconvocados de Formosa, Nilda Patiño, lanzó duras críticas tras el anuncio salarial realizado por el gobernador Gildo Insfrán, consistente en un incremento del 15% dividido en tres tramos iguales del 5% para los meses de agosto, septiembre y octubre. La dirigenta contrapuso esta medida con la demanda de su sector, que exige un salario inicial de $3 millones, y desmintió categóricamente la versión oficial sobre el origen de la medida: "Insfrán mintió que el aumento fue fruto de las paritarias. Ya estamos acostumbrados a que nos digan mentiras, porque paritaria no hay. Nadie sabía absolutamente nada del anuncio, sólo él y creo que ni los que estaban sentados al lado del gobernador sabían hasta que él lo anuncia. En Formosa lo que se hace son anuncios de lo que decide el Gobernador".

El cuestionamiento puso en foco el mecanismo con el que se fijan los haberes de la administración pública en la provincia. Mientras una paritaria exige discusión e intercambio de propuestas entre partes, Patiño sostuvo que el esquema formoseño opera como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que luego se comunica formalmente ante referentes gremiales. Sobre la distancia entre la pauta oficial y el costo de vida actual, la dirigente ratificó: "No creo que haga falta aclarar que a nosotros no nos alcanza, porque nosotros venimos pidiendo un salario inicial de 3 millones de pesos. Este 5%, 5 y 5 no nos alcanza".

Duras acusaciones contra la dirigencia gremial y las autoridades del sector educativo

Patiño dirigió severos cuestionamientos hacia los líderes de las centrales sindicales locales que acompañaron el acto oficial. Su arremetida más vehemente se concentró en Estela "La Barby" Escobar, referente de SADOP que aspiraba a conducir la CGT Regional Formosa, a quien definió de manera lapidaria: "La señora de las carteras caras y demás, que nunca dijo que los trabajadores debemos ganar más, nos iba a representar a todos los trabajadores de Formosa, ¿en serio? Era demasiado". En la misma línea, recordó enfrentamientos en reuniones oficiales donde recriminó la complacencia de Escobar ante las autoridades provinciales, y extendió sus reservas hacia el secretario general de la CGT formoseña, Hilario Martínez, señalando que "tampoco es santo de mi devoción".

Las críticas alcanzaron igualmente al ministro de Educación provincial, a la delegada zonal Patricia Argüello y a funcionarios del área educativa. Utilizando la retórica del propio mandatario provincial respecto a la responsabilidad del Estado, la líder gremial devolvió el concepto para exigir controles en las escuelas: "El Estado es responsable. Entonces el gobernador es responsable de lo que hace la delegada zonal y no hace nada. El gobernador es responsable de ese director que los docentes dicen ‘mire que está robando el comedor’, y no hace nada. De cada frase vamos a decir: tiene razón, pero... tiene razón, pero. Nadie es más gildista que nosotros ahora".

Inacción en las bases docentes y responsabilidades en el escenario nacional

En su análisis de la crisis social, Patiño expresó también su malestar por la falta de una reacción más contundente por parte del propio colectivo docente, lamentando que la salida frente al deterioro financiero sea la búsqueda de un segundo empleo: "Me da mucha tristeza, porque van a buscar trabajo, ya tienen un cargo y van a buscar el segundo cargo porque no alcanza con el primero". Esta dinámica, remarcó, golpea en forma directa la calidad de vida de las familias de los trabajadores de la educación.

Finalmente, la representante sindical incluyó en sus críticas al presidente Javier Milei por el impacto de sus políticas de ajuste fiscal sobre las provincias y los haberes de los trabajadores. No obstante, remarcó que las medidas nacionales no eximen de responsabilidad a la administración de Insfrán en la fijación de los sueldos locales. "Paritaria no hay", concluyó Patiño, dejando planteado un escenario de alta tensión salarial en Formosa y desafiando al Ejecutivo a demostrar si existió alguna instancia real de negociación con los sectores representantes del trabajo.