ATE:"No estamos en contra de que se haga la declaración jurada. Lo que planteamos es que se facilite al trabajador"

El sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un pedido ante el Ministerio de Desarrollo Humano para que deje sin efecto los apercibimientos y las suspensiones aplicadas a los empleados de Salud Pública.

El secretario general del gremio en Formosa, Carlos Villasanti, explicó que la obligación de presentar las declaraciones juradas no es una exigencia nueva, aunque recientemente comenzaron a aplicarse castigos severos a quienes no completaron el procedimiento. "La resolución es de 2024. El tema es que se activaron sanciones para aquel que no lo hizo en tiempo y forma", señaló el dirigente.

Según indicó, la principal preocupación del sindicato no pasa por el requerimiento administrativo en sí, sino por las profundas dificultades que enfrentan numerosos agentes para completar el trámite a través de las plataformas digitales. Villasanti sostuvo que muchos trabajadores del interior tuvieron inconvenientes debido a que no cuentan con dispositivos adecuados, poseen teléfonos antiguos o carecen de los conocimientos informáticos suficientes para realizar la carga de datos por internet.

Ante esta realidad, ATE propuso como alternativa que el Ministerio habilite un mecanismo mediante formularios en papel que puedan completarse en los hospitales y centros de salud de toda la provincia. "Lo que estamos planteando es una cuestión de sentido común", afirmó el referente gremial, detallando que la propuesta consiste en distribuir estas planillas físicas en los establecimientos sanitarios para que el personal complete la información manualmente y luego personal autorizado se encargue de subirla al sistema.

El impacto en el interior y el perjuicio económico a los trabajadores

Desde el sindicato advierten que la modalidad exclusivamente digital genera una enorme brecha e inconvenientes para los empleados que prestan servicios en localidades alejadas de la capital provincial. Villasanti ejemplificó que, en los casos más extremos, trabajadores del oeste formoseño tendrían que recorrer cientos de kilómetros solo para resolver problemas de conectividad o de soporte técnico vinculados a la presentación del documento. "Imagínate venir 500 kilómetros de ida y vuelta exclusivamente para hacer ese trámite", expresó.

La presentación formal fue entregada la semana pasada al ministro de Desarrollo Humano, exigiendo tanto la suspensión de las sanciones ya aplicadas como la implementación de herramientas que faciliten el cumplimiento de la norma.

El dirigente aclaró de forma contundente que el gremio no cuestiona la existencia de las declaraciones juradas, ya que es una exigencia prevista desde hace años para actualizar datos personales, domicilios, información laboral y seguros. "No estamos en contra de que se haga la declaración jurada. Lo que planteamos es que se facilite al trabajador", remarcó, recordando que la normativa alcanza a todos los agentes estatales provinciales, incluyendo a docentes, judiciales y empleados de otros organismos públicos.

Finalmente, desde ATE alertaron sobre el fuerte impacto económico que implican estos castigos en el actual contexto de crisis, ya que la pérdida de tres días de salario y del concepto de presentismo golpea duramente a familias que ya tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Mientras aguardan una respuesta oficial, insistieron en que el Ministerio debe contemplar con urgencia la realidad de quienes trabajan en el interior y carecen de conectividad y herramientas tecnológicas adecuadas.