ACERCA DE LOS JUECES MILITANTES

En una República nadie pretende que los jueces carezcan de ideas, convicciones políticas, preferencias personales o una determinada visión de la sociedad. Los magistrados son ciudadanos y, como tales, poseen pensamientos y convicciones propias.
El problema comienza cuando esas preferencias abandonan el ámbito estrictamente personal y se exteriorizan de manera ostensible en el ejercicio de la magistratura, hasta generar en los ciudadanos una duda razonable acerca de la independencia e imparcialidad de quien debe juzgarlos.
Y esa cuestión adquiere particular relevancia en la Provincia de Formosa, donde la propia Constitución establece expresamente una prohibición dirigida a los integrantes del Poder Judicial respecto de la actuación o intervención directa y ostensible en política.
Por ello, la exhibición en un despacho judicial de fotografías, símbolos, consignas o imágenes inequívocamente vinculadas con una determinada identidad político-partidaria —si tal circunstancia se encuentra debidamente acreditada— no constituye una cuestión meramente decorativa ni pertenece necesariamente al ámbito de la vida privada del magistrado.
Un despacho judicial no es el living de una vivienda particular.Es un espacio institucional de la República. Allí concurren ciudadanos de todas las ideas políticas, oficialistas, opositores e independientes, y todos ellos tienen derecho a encontrarse frente a un juez que no solamente sea imparcial, sino que también preserve una razonable apariencia de imparcialidad.
La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando desde ese mismo ámbito se adoptan decisiones capaces de afectar derechos constitucionales especialmente sensibles, como la libertad de expresión y de prensa.
No corresponde afirmar, únicamente a partir de una fotografía o de la decoración de un despacho, que determinada sentencia fue dictada por motivaciones políticas. Semejante conclusión exige prueba.
Pero tampoco corresponde trivializar la cuestión.Cuando un magistrado exterioriza públicamente símbolos o adhesiones susceptibles de ser interpretados como identificación político-partidaria, la sociedad tiene derecho a preguntarse si semejante comportamiento resulta compatible con las exigencias constitucionales que pesan sobre quien ejerce jurisdicción.
La independencia judicial no consiste únicamente en que ningún gobernador, ministro, legislador o dirigente político telefonee a un juez para indicarle cómo debe resolver.
Existe también una dimensión personal de esa independencia: el magistrado debe mantener suficiente distancia respecto de los intereses políticos, económicos y sectoriales para que ningún ciudadano que ingrese a su despacho pueda razonablemente pensar que está compareciendo ante un representante de una parcialidad y no ante un juez de la Constitución.
Por eso resulta insuficiente proclamar solemnemente que "los poderes funcionan con independencia".La independencia judicial no se acredita mediante comunicados institucionales. Se acredita con conductas.
Y quizás allí radique la verdadera gravedad de los denominados "jueces militantes". No se trata de perseguir las ideas políticas de los magistrados ni de exigirles neutralidad ideológica. Se trata de algo mucho más elemental: impedir que la función judicial pueda confundirse con la militancia partidaria y preservar la confianza pública en una institución cuya autoridad depende, en buena medida, de que la sociedad crea en su independencia.
Porque cuando un ciudadano entra a un tribunal debe poder mirar al juez y pensar que será juzgado por la Constitución y las leyes. Nunca debería tener motivos razonables para preguntarse de qué partido político es el juez que lo va a juzgar.