Polémica en Formosa: la Justicia de Clorinda archivó la causa por la desaparición de un bebé y la querella denuncia encubrimiento

El expediente, que había generado una creciente expectativa y preocupación en la comunidad del departamento Pilcomayo, investigaba los hechos vinculados al estado de gravidez de una mujer y la posterior interrupción o ausencia de rastros del lactante. Sin embargo, la reciente decisión del juzgado interviniente clausuró abruptamente la vía ordinaria de investigación, argumentando impedimentos procesales para proseguir con el trámite penal.

Los detalles del expediente y la resolución del juzgado

La medida quedó formalizada mediante la cédula de notificación número 1628/26, expedida por el Juzgado de Instrucción y Correccional Número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Clorinda. El organismo, actualmente a cargo de la jueza subrogante Mariela Isabel Portales y con la actuación de la secretaria Marisa Elizabeth Torres, tramita el expediente número 1879/26.

De acuerdo con el texto consignado en el instrumento notificado a las partes, la magistrada dispuso desestimar la denuncia presentada por el ciudadano José Carlos Manuel Velázquez, padre del niño cuya localización se reclama. En la parte resolutiva transcripta en el documento judicial se establece: «Desestimar la denuncia realizada por el ciudadano José Carlos Manuel Velazquez por no poder proceder y ordénase el archivo de la presente conforme lo establecido en el Art. 164, 2º Párrafo del C.P.P.».

A la par de dictar el archivo de las actuaciones, la justicia clausuró la posibilidad de que el progenitor continúe impulsando la causa en calidad de parte querellante. En el segundo punto dispositivo, el fallo resuelve: «Atento a lo dispuesto en el punto precedente, a la solicitud de Constitución de Querellante particular NO HA LUGAR por improcedente. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese».

La fundamentación invocada bajo el artículo 164 del Código Procesal Penal alude normativamente a los supuestos en los que los hechos denunciados no constituyen delito o bien existe un impedimento legal insalvable para ejercer la acción penal. Esta figura procesal puso un freno definitivo a las medidas de prueba solicitadas por la representación legal del denunciante en el ámbito provincial.

La denuncia de la defensa y acusaciones de encubrimiento e impunidad

La notificación del fallo desencadenó una inmediata respuesta institucional y mediática por parte del equipo legal que patrocina al denunciante, integrado por las abogadas Ana Gabriela Neme y Ethel Ailín Narváez. A través de un pronunciamiento público difundido tras conocerse el proveído, Neme —quien además se desempeña como legisladora provincial opositora— cuestionó en duros términos el proceder de la magistratura y apuntó de manera directa contra la conducción política de la provincia.

En el comunicado emitido, la letrada sostuvo: «La Justicia de Gildo Insfrán mandó a archivar la causa del bebé desaparecido. Hay pruebas que indicarían que la madre estuvo embarazada. Hoy ella lo niega, el bebé no aparece y, en vez de investigar hasta encontrarlo, la Justicia del modelo formoseño decidió cerrar la causa».

Para la querella, la decisión de disponer el archivo sin haber agotado los peritajes ni haber localizado al recién nacido configura un antecedente de extrema gravedad en materia de derechos humanos y protección de la infancia. Al profundizar sobre este aspecto, la abogada enfatizó: «Esto no es justicia: es encubrimiento institucional. El Estado provincial es responsable por abandonar la búsqueda y garantizar impunidad. Una Justicia que archiva sin saber dónde está un bebé actúa como cómplice de las redes de trata. Es la Formosa de Insfrán, el principal socio de la trata de personas».

Según la postura planteada por la representación del padre, la causa contaba con elementos indiciarios, testimonios y registros sanitarios previos que respaldaban la existencia del embarazo. La repentina negativa de la progenitora y la falta de respuestas claras sobre la ubicación del lactante demandaban, a criterio de la defensa, un despliegue investigativo exhaustivo por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos de protección al menor, acciones que quedaron truncas tras el dictado de la desestimación.

Lejos de acatar el pronunciamiento del tribunal de Clorinda, la representación legal de Velázquez confirmó que apelará la resolución e recurrirá a instancias superiores, sin descartar la presentación del caso ante fueros federales u organismos internacionales de derechos humanos dada la naturaleza de la denuncia.

En ese marco, la letrada ratificó la decisión de continuar el reclamo por vías legales e institucionales: «Nosotros no vamos a callarnos ni a frenar. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para encontrar al bebé de José y señalar a cada responsable político, judicial e institucional».

Por último, el comunicado puso el foco en el tratamiento periodístico y la visibilidad del caso en el ámbito provincial, cuestionando la escasa difusión de la noticia en determinados portales y canales de comunicación locales. Al respecto, la abogada concluyó: «¿Por qué los medios oficialistas o que son funcionales al gobierno no se animan a publicar esta noticia? Claramente es un indicio de que el poder ha metido la cola».

El archivo de la causa en la Segunda Circunscripción abre un nuevo capítulo de tensión política e institucional en Formosa, donde el caso amenaza con escalar a otros estamentos de la justicia nacional mientras la familia del menor insiste en exigir respuestas fehacientes sobre el paradero del bebé.