Clorinda-Municipales:"mientras los empleados sobreviven a duras penas, los directores perciben haberes de entre 2 y 3 millones de pesos"

Danilo Palmieri, trabajador de la Municipalidad de Clorinda, ratificó su decisión de avanzar hasta las últimas consecuencias legales contra la gestión del intendente Ariel Caniza. El reclamo central radica en la equiparación salarial correspondiente a una «municipalidad de primera», tal como lo establece la ley, y en la denuncia pública contra la inacción del sindicato local, al que acusa de dar la espalda a los trabajadores.

Ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a sus peticiones, Palmieri decidió elevar la presión mediante un recurso de pronto despacho presentado el pasado 20 de marzo. Según detalló, el intendente tiene plazo hasta el 20 de abril para pronunciarse de manera oficial. Este paso es el requisito fundamental para agotar la vía administrativa y habilitar la intervención de la Defensoría del Pueblo y, eventualmente, del Poder Judicial para dirimir el conflicto de fondo.

Ruptura sindical y amenazas de expulsión

La tensión no solo es con el municipio, sino también con el secretario gremial, «Perico» Pérez. Palmieri reveló que, tras buscar apoyo en el sindicato, la respuesta de Pérez fue una amenaza de expulsión mediante asamblea. Lejos de retroceder, el trabajador contraatacó pidiendo la destitución del dirigente, a quien acusó de violar el estatuto y de utilizar la estructura gremial como plataforma para su beneficio personal y su campaña política como candidato a concejal.

«Al que hay que expulsar es a Perico Pérez; él utilizó el gremio para su beneficio. Yo sigo manteniendo mi categoría 19 y muestro mi recibo para desmentir cualquier supuesto arreglo con la intendencia», afirmó Palmieri, subrayando que su lucha no es individual, sino que busca «abrir el camino» para el resto de sus compañeros que hoy se encuentran en silencio.

La brecha salarial: Empleados «flacos» y funcionarios «gordos»

El trabajador fue tajante al describir la disparidad económica dentro de la comuna. Con un sueldo básico que apenas supera los 122.000 pesos y un haber total que ronda los 300.000 pesos —tras un magro aumento del 7%—, Palmieri comparó su realidad con la de los altos mandos municipales. Según denunció, mientras el empleado sobrevive a duras penas, los directores perciben haberes de entre 2 y 3 millones de pesos, sumado a la renovación de vehículos oficiales.

El eje legal del conflicto se apoya en la Ley 1028, que categoriza a Clorinda como municipalidad de primera. Palmieri sostiene que los concejales y el Ejecutivo utilizan esta normativa a su conveniencia para sus propios beneficios, pero la omiten sistemáticamente cuando se trata de actualizar los haberes de la planta municipal según los estándares de la capital provincial.

Un camino hacia el Supremo Tribunal

Palmieri concluyó asegurando que no abandonará su reclamo aunque deba recurrir al Supremo Tribunal de Justicia o trasladar el conflicto a Buenos Aires. Su objetivo es que Clorinda finalmente pague lo que corresponde por ley, denunciando que la gestión actual prefiere mantener salarios de miseria mientras ignora las herramientas legales vigentes. «No me van a atajar», sentenció el empleado, marcando un precedente de resistencia en la segunda ciudad de la provincia.