Una adjudicación directa millonaria en Clorinda desata polémica por inconsistencias y falta de control

Inconsistencias contables y discrepancias en los montos oficiales

Un expediente oficial de la Municipalidad de Clorinda puso al descubierto una maniobra administrativa que salpica de lleno a la gestión del intendente Ariel Caniza. A través de una discrecional adjudicación directa con un plazo de ejecución de apenas 90 días, el Ejecutivo municipal destinó una partida millonaria para la elaboración de murales urbanos en un proceso caracterizado por la opacidad, grietas contables e irresponsabilidad institucional. Por consiguiente, la firma de esta medida expone un manejo negligente de los recursos públicos en una administración que vuelve a quedar en el centro de las sospechas debido a la falta de rendición de cuentas.

En este sentido, el indicio más grave de la maniobra radica en una incoherencia contable que revela el desprolijo armado de las actuaciones. En el cuerpo del expediente formal, al redactar el monto en letras se consignó la cifra de «$6.000.001», mientras que en el casillero destinado a los números se volcó la suma de «$8.000.001». Como resultado, esta divergencia representa un desfasaje de dos millones de pesos. Bajo la conducción de Ariel Caniza, las dependencias municipales permitieron el avance de un trámite donde la cifra en juego oscila arbitrariamente, sin que nadie en la cadena de mando administrativa haya exigido una rectificación antes de comprometer el dinero del contribuyente.

Omisión de datos técnicos e imposibilidad de fiscalización pública

Asimismo, la arbitrariedad con la que el Ejecutivo local autorizó esta erogación se evidencia en el vaciado técnico del contrato. La documentación aprobada por la gestión no especifica la cantidad de metros cuadrados que deberán pintarse, no aclara cuántas obras integran el proyecto y omite por completo señalar en qué calles, barrios o edificios públicos se realizarán las tareas. De este modo, en lugar de aplicar criterios mínimos de contratación estatal, la Intendencia rubricó un acuerdo sin determinar la metrología de los trabajos ni su localización geográfica.

Por lo tanto, esta ausencia sistemática de precisiones no hace más que blindar la discrecionalidad del gasto. La obligación de fijar metas cuantitativas y un relevamiento territorial previo es un requisito ineludible en la administración pública; al eludir estas variables esenciales, el gobierno municipal de Ariel Caniza invalida los mecanismos de fiscalización obligatorios, imposibilitando cotejar si el dinero desembolsado guarda algún tipo de proporcionalidad con el servicio contratado.

En consecuencia, la permisividad ante contratos con montos contradictorios y metas difusas configura una falta de contención ética en la gestión de los fondos de la comunidad. Lejos de tratarse de una simple distracción burocrática, la validación de un expediente sin métricas claras atenta contra el derecho de los vecinos a fiscalizar las arcas públicas y deja al descubierto la discrecionalidad con la que la gestión administra el erario de la ciudad.

En relación con este escenario, sectores críticos de la gestión institucional remarcaron con dureza: «El problema no es con el trabajo del artista sino con la total falta de transparencia con contratos turbios, montos inconsistentes y la falta de indicación de localizaciones y cantidades de trabajo para poder corroborar la efectiva realización del contrato de acuerdo a lo solicitado».

Finalmente, el reclamo no se dirige a la labor de los realizadores ni al valor de la cultura, sino a la conducta fiscal del Ejecutivo clorindense. La responsabilidad política y administrativa recae en el intendente Ariel Caniza, quien debe brindar explicaciones inmediatas sobre este contrato inconsistente, transparentar el destino real de los fondos y exigir la inmediata rectificación de un trámite que socava la credibilidad de la administración pública local.