Concejal Canavesio: "constituye una aduana interna y la Constitución prohíbe que el tránsito sea regulado de esa manera"
La concejal Mariza Canavesio criticó el cobro que la gestión del intendente Daniel Caniza aplica a los vehículos de paso y advirtió que estos costos adicionales terminan encareciendo el precio final de los productos.
Un tributo cuestionado por la Justicia y con cambios constantes
El Concejo Deliberante de Clorinda sesionó esta semana y volvió a debatir un cobro que la Municipalidad exige y aplica desde hace años a los camiones de tránsito internacional que circulan por la ciudad sin detenerse en ella. La concejal Mariza Canavesio, advirtió que esta medida "viene a constituir a mi juicio una aduana interna, porque ya hay pronunciamientos que lo dicen así", una figura que ya fue declarada inconstitucional por la Justicia bajo una gestión municipal anterior.
Según explicó Canavesio, la Cámara Civil y Comercial resolvió en su momento, a partir de un amparo de comerciantes, que "constituye una aduana interna y la Constitución prohíbe que el tránsito sea regulado de esa manera". Esa resolución obligó a sacar el artículo del código tributario, aunque la concejal sostiene que el hecho imponible se mantuvo bajo otro nombre en gestiones posteriores, incluida la actual del intendente Daniel Caniza. El cobro alcanza a los camiones sin domicilio en Clorinda que están de paso, y se aplica de manera efectiva porque hay inspectores municipales que los derivan al playón.
La edila cuestionó además que la normativa vigente combine una tasa por el ingreso de camiones y una sanción en el mismo artículo, debido a que los vehículos no pueden retirarse del playón si el test de alcoholemia del conductor no da negativo. Al respecto, afirmó: "Eso desde el punto de vista impositivo o desde el punto de vista tributario es inadecuado". Indicó que hace menos de un mes el Concejo aprobó fijar el pago en 15 unidades tributarias, y que ante el rechazo generado "ahora lo redujeron a doce unidades tributarias", lo que equivale a unos 12.000 pesos.
Falta de ordenamiento y el oscuro antecedente de la privatización
Canavesio atribuyó los sucesivos cambios a la ausencia de un código tributario y tarifario ordenado, el cual es modificado semana a semana con los votos del oficialismo. Explicó que la iniciativa de estos proyectos corresponde pura y exclusivamente al Ejecutivo municipal, ya que integran el cálculo de recursos del presupuesto, mientras que los concejales solo pueden discutir lo que llega desde la intendencia: "No podemos sancionar o proponer nosotros solos un texto legal, porque eso es competencia del intendente".
Consultada sobre los antecedentes de este conflicto, la concejal recordó que durante más de una década una playa de camiones estuvo concesionada a un privado, la firma Paseo San José SA, operando sin recibos oficiales y sin cumplir el plan de obras comprometido. Según denunció Canavesio, la empresa "cobró durante más de 10 años por esa playa privatizada y nunca rindieron un peso", pese a los reiterados reclamos presentados en el Concejo Deliberante. Aquel comodato fue finalmente rescindido por decreto del intendente Caniza durante el receso del Concejo, y luego ratificado por los concejales.
Finalmente, la edila concluyó que este tipo de gravámenes irregulares tienen un impacto directo en el bolsillo de la población general, ya que "esos costos indebidos se van trasladando al precio de los productos y se genera una situación injusta para el que paga, incluso sin saber".
