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Miércoles 11 de Noviembre
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Pereyra:"pocas veces las decisiones macro políticas son más acertadas que las que los educadores pueden determinar en cada aula"

El secretario general Manuel Pereyra instó a regular el uso de dispositivos en el aula mediante criterios pedagógicos y consenso, advirtiendo que una normativa rígida podría "esmerilar" aún más la autoridad del educador.

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En el marco del debate legislativo que atraviesa la provincia de Formosa sobre la presencia de teléfonos celulares en las escuelas, la agremiación Voz Docente expresó su postura a favor de una regulación estratégica en lugar de una restricción absoluta.

El secretario general del gremio, Manuel Pereyra, valoró que tanto el oficialismo como la oposición aborden la problemática, aunque alertó sobre los riesgos de implementar medidas que no contemplen la complejidad del contexto educativo actual.

Pereyra reconoció el impacto de las nuevas tecnologías en la salud y el comportamiento de los estudiantes. Al respecto, señaló: "Creemos que el avance tecnológico tiene facetas preocupantes, como la adicción de los chicos, y también de los adultos, a los celulares. Pero la solución no es prohibir lisa y llanamente su uso".

Para el dirigente, el eje del debate debe centrarse en establecer criterios claros de regulación acompañados por una consulta amplia que incluya a especialistas, docentes y familias.

El rol del docente frente a las políticas "macro"

Uno de los puntos centrales de la postura gremial es el fortalecimiento de la figura del maestro frente a decisiones tomadas de forma vertical. Pereyra destacó la importancia de que las leyes no asfixien la autonomía escolar, advirtiendo que "pocas veces las decisiones macro políticas son más acertadas que las que los educadores pueden determinar en cada aula".

Según el referente, una normativa demasiado estricta podría volverse obsoleta rápidamente o limitar herramientas pedagógicas valiosas.

En este sentido, el titular de Voz Docente hizo hincapié en que "legislar sobre lo que pasa en el aula puede tornar rígida a la actividad pedagógica". Sostuvo que cada institución debe contar con el margen necesario para adaptar sus estrategias según las necesidades particulares de su comunidad, evitando que una ley general ignore las múltiples realidades que enfrentan docentes y alumnos diariamente.

Hacia una normativa equilibrada

Finalmente, Pereyra insistió en que el rol del Estado no debe agotarse en la restricción, sino que debe centrarse en financiar adecuadamente el sistema y respaldar las decisiones profesionales de los educadores. El debate será constructivo, según el gremio, siempre que se preserve la "esmerilada autoridad docente" y se logre un equilibrio que contemple el uso racional y formativo de la tecnología.

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