EN NEUQUÉN UNA JUEZA FUE CUESTIONADA POR LLAMAR "MACHIRULO" A UN DEFENSOR. EN FORMOSA, EL PASO DEL TIEMPO FUE EL ARGUMENTO PARA NO INTERVENIR

En octubre de 2019, la jueza neuquina Leticia Lorenzo protagonizó una controversia de repercusión nacional al introducir en una sentencia penal un acróstico que formaba la expresión "típico de machirulo", dirigido a cuestionar los argumentos del defensor oficial Pablo Méndez.

El episodio provocó un intenso debate dentro del Poder Judicial de Neuquén. Hubo cuestionamientos institucionales, impugnaciones judiciales y hasta un pedido de jury, finalmente rechazado.

Pero lo verdaderamente interesante no fue la suerte del procedimiento disciplinario, sino la discusión jurídica que dejó instalada. Al revisar la sentencia, el juez Daniel Varessio consideró absolutamente impertinente la incorporación del acróstico y sostuvo que correspondía testar la expresión por resultar inapropiada y generar agravios innecesarios.

Es decir, aun cuando la sentencia no fue anulada y la magistrada conservó su cargo, existió un pronunciamiento judicial que distinguió claramente entre la validez de una decisión jurisdiccional y el deber de mantener el respeto y decoro en su redacción.

¿Y QUÉ SUCEDE EN FORMOSA?

En nuestra provincia se produjo una situación que, aunque presenta características diferentes, plantea el mismo interrogante institucional.

En una sentencia dictada por la Cámara Primera en lo Criminal   la jueza Viviana Taboada  trató a nuestro diario de veintiséis años de trayectoria como "pasquín digital" pese a no haber revestido la condición de parte en el proceso penal.

La cuestión fue llevada ante las autoridades judiciales, solicitándose el saneamiento de las expresiones cuestionadas. Sin embargo, según los fundamentos comunicados al reclamante, el Superior Tribunal de Justicia consideró que había transcurrido demasiado tiempo para adoptar medidas respecto de aquellas manifestaciones.

Y aquí aparece una cuestión que merece una reflexión.¿Puede el transcurso del tiempo convertir en aceptable una expresión judicial que eventualmente resulte ofensiva?

Una cosa es que hayan vencido los plazos para promover determinadas acciones disciplinarias. Otra, muy distinta, es determinar si corresponde mantener indefinidamente una expresión innecesariamente descalificatoria dentro de una sentencia que continúa siendo accesible al público.

La firmeza de una sentencia protege la estabilidad de lo decidido, pero no debería interpretarse como una autorización irrestricta para incorporar consideraciones personales ajenas a la controversia.

Nadie pretende que los magistrados renuncien a la firmeza de sus razonamientos ni a la severidad que determinadas conductas justifican. Lo que se reclama es algo mucho más elemental: que la autoridad de una sentencia repose en sus fundamentos jurídicos y no en descalificaciones personales.

El antecedente neuquino demuestra que esta discusión no es novedosa ni constituye una extravagancia de quien se siente agraviado. Por el contrario, ha sido objeto de análisis dentro de la propia magistratura argentina.

LA JUSTICIA TAMBIÉN DEBE RESPETAR LOS LÍMITES QUE EXIGE A LOS DEMÁS

Existe un principio elemental que no debería admitir excepciones: quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia deben ser los primeros en respetar los derechos que están llamados a proteger.

El honor, la dignidad y el buen nombre no desaparecen cuando una persona es mencionada en una sentencia judicial. Mucho menos cuando se trata de un tercero que no participó del proceso y que, por esa misma circunstancia, no tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

En definitiva, no estamos discutiendo la autoridad de los jueces ni pretendiendo debilitar la independencia judicial. Estamos planteando exactamente lo contrario: que la autoridad moral de la magistratura se fortalece cuando reconoce que también sus propios actos están sometidos a los límites de la Constitución.

Porque una sentencia puede adquirir firmeza, pero ello no convierte automáticamente en legítima cada expresión que contiene. Y el paso del tiempo, por sí solo, no transforma un eventual agravio en un acto de justicia.