LA REPÚBLICA PERDIDA: EL DISCURSO DE LA PRESIDENTE DEL STJ LO CONFIRMA
En cualquier república digna de ese nombre, la división de poderes no es una sugerencia retórica: es la garantía elemental de que ningún ciudadano quedará a merced del humor o los intereses del gobernante de turno.
En Formosa, sin embargo, las formas republicanas acaban de sufrir otra claudicación explícita. Durante el reciente acto en Laguna Blanca por la refacción del Juzgado de Paz local, la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dra. Claudia María Fernández, agradeció pública e "inmensamente" al gobernador Gildo Insfrán por las obras edilicias. Una escena que resume con elocuencia el drama institucional de la provincia.
Los fondos públicos destinados a la infraestructura judicial no provienen del bolsillo del mandatario provincial ni constituyen una dádiva personal sujeta a gratitud reverencial. Son recursos del erario común, asignados por mandatos presupuestarios y constitucionales estrictos. Los magistrados no deben gratitud ni pleitesía al titular del Poder Ejecutivo; deben, porsobre todo, independencia irrestricta y distancia crítica.
¿Qué garantía de imparcialidad le queda al ciudadano común, al dirigente opositor o al periodista independiente que acude a los estrados del STJ a buscar tutela frente a los abusos del poder? Ninguna. Cuando la cabeza del tribunal casatorio rinde pleitesía pública al jefe político del régimen, la apariencia de neutralidad —estándar infranqueable fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Nación— queda dinamitada.
La postal de Laguna Blanca no refleja colaboración institucional: expone sumisión. Frente a este panorama, cuando los hombres del poder impulsan ejecuciones millonarias y juicios mordaza para asfixiar a las voces críticas, la conclusión se impone con dolorosa evidencia: en Formosa, la República no es un sistema vigente, sino una garantía deliberadamente perdida.
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