CAÑIZA, ATRAPADO Y SIN SALIDA

El archivo exprés en la justicia ordinaria local no trajo el alivio esperado para Ariel Cañiza; por el contrario, activó un laberinto procesal del que difícilmente pueda salir ileso.

Tras las denuncias públicas y judiciales por presuntas irregularidades en obras públicas y la construcción de una imponente vivienda de tres plantas, el intendente quedó acorralado por la propia Constitución provincial.

El artículo 30 de la Carta Magna local no admite interpretaciones tibias: todo funcionario a quien se impute un delito en el desempeño de su cargo está obligado, bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y continuarla hasta la sentencia.

Aquí radica la trampa jurídica: Si no demanda, viola la Constitución: La inacción no es una opción legal. Si Cañiza no inicia la querella penal contra su denunciante, incurre de forma directa en la causal constitucional expresa de remoción del cargo.

Si demanda, se expone a la prueba de la verdad Al iniciar una querella por calumnias o injurias vinculada a su función pública, el Código Penal faculta al denunciado a defenderse demostrando la veracidad de lo imputado.
Esto significa que el propio intendente abriría formalmente el debate para que se periten los costos reales de las obras, las facturaciones municipales y, sobre todo, la procedencia del dinero volcado en su mansión privada.

El frente federal sigue abierto: Mientras el fuero local intentó cerrar filas, la denuncia radicada en la Justicia Federal por el prestigioso abogado Juan Montoya por presunto lavado de activos (art. 303 CP) mantiene su curso autónomo. El desvío de fondos locales y su posterior aplicación a obras particulares configuran una maniobra económica que ningún archivo administrativo provincial puede blindar.
Callar lo deja al borde de la destitución; demandar lo obliga a justificar ante los estrados judiciales un patrimonio y un ritmo de obra que están a la vista de todo Clorinda. Jurídica y políticamente, Cañiza quedó sin margen de maniobra.