QUE CAÑIZA NO SE HAGA ILUSIONES: LA CAUSA FEDERAL NO TIENE POR QUÉ DORMIR EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

Por eso, el intendente de Clorinda, Ariel Cañiza, no debería confiar en que la denuncia presentada por el Dr Juan Montoya por presunto lavado de activos termine acumulando polvo en algún escritorio.

La investigación puede contar, además, con herramientas nacionales especializadas. La Unidad de Información Financiera (UIF) conserva sus facultades de análisis, tratamiento y transmisión de inteligencia financiera, mientras que la PROCELAC, dependiente del Ministerio Público Fiscal, está especializada precisamente en criminalidad económica y lavado de activos. Ambos organismos reforzaron recientemente sus mecanismos de cooperación.Y allí comienza lo verdaderamente interesante.

Si la investigación avanza, deberán reconstruirse las obras públicas señaladas como posibles delitos precedentes: las canchas deportivas, los cuestionados monolitos y demás contrataciones denunciadas. Habrá que determinar quién contrató, quién cobró, cuánto costaban realmente las obras y dónde terminó el dinero.
Pero también habrá que mirar hacia otro lugar: la vivienda de tres plantas atribuida al intendente, levantada donde, según la denuncia, hace aproximadamente un año y medio existía un terreno baldío.

¿Quién construyó esa casa? ¿Quién compró los materiales? ¿Quién pagó a constructores y proveedores? ¿Se pagó mediante bancos o en efectivo? ¿Cuál fue el costo real de la obra? ¿Existe correspondencia entre semejante inversión y los ingresos lícitos y declarados de su propietario?

Eso se determina mediante pericias, documentación bancaria, tributaria y patrimonial y, fundamentalmente, siguiendo la trazabilidad del dinero.
La denuncia sostiene que determinadas obras públicas presuntamente sobrefacturadas podrían constituir los delitos precedentes y que parte de esos recursos habría sido canalizada posteriormente hacia la construcción privada. Naturalmente, será la investigación la que deberá confirmar o descartar esa hipótesis.

Cañiza conserva, como cualquier ciudadano, su estado de inocencia. Pero existe una pregunta sencilla que ninguna garantía constitucional impide investigar: ¿de dónde salió el dinero para construir la casa? Si el origen es lícito, la documentación permitirá demostrarlo. Y si no lo es, allí comenzará otra historia.