CAÑIZA NO PUEDE JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PARA CONSTRUIR SU CASA ESTA EN EL HORNO

El fuero penal federal se encuentra ante una obligación jurídica insoslayable. Frente a la denuncia radicada por el Dr. Juan Montoya contra el intendente de Clorinda, Ariel Cañiza, el argumento de la supuesta "incompetencia federal por tratarse de fondos municipales o provinciales" carece de sustento técnico a la luz del artículo 303 del Código Penal argentino.

La maniobra denunciada presenta una estructura dogmática clara que divide el hecho en dos etapas jurídicamente diferenciadas:

El delito precedente (esfera de origen): La presunta defraudación contra la administración pública y malversación mediante sobreprecios burdos en obras públicas (tales como estructuras mínimas sobrefacturadas en decenas de millones de pesos).

Si bien la investigación de estas defraudaciones de origen suele caer bajo la órbita de los tribunales ordinarios locales, su resultado económico no queda congelado allí , en esta oportunidad y para que Cañiza comience a preocuparse.

El lavado de activos (esfera federal): La canalización de ese caudal ilícito hacia la construcción de una mansión de tres plantas iniciada tras asumir el cargo. La conversión, aplicación y puesta en circulación de fondos de procedencia ilícita en bienes registrables, edificaciones o mejoras patrimoniales con apariencia de legitimidad consuma de forma autónoma el tipo penal de lavado (art. 303 CP).

LA AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS FRENTE A LA JUSTICIA PROVINCIAL

La doctrina y la jurisprudencia federal tienen fijado que el delito de lavado de dinero es autónomo. Esto significa que:

1.No requiere condena previa por el delito precedente: No hace falta que la justicia ordinaria determine o condene el fraude administrativo para que el Juzgado Federal avance sobre la exteriorización patrimonial injustificada.

2.Competencia material federal exclusiva: La persecución del blanqueo de capitales corresponde por ley a la Justicia Federal, con intervención directa de organismos técnicos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC.

3.Inoponibilidad del archivo local: Que la justicia ordinaria provincial haya desestimado las denuncias por sobreprecios no clausura la pesquisa federal. El juez federal tiene la potestad y el deber de investigar si el volumen de obra privada y el flujo de capital volcado en la vivienda de tres plantas guardan correlación con los ingresos lícitos declarados del funcionario o si constituyen el disfrute y reciclaje de beneficios espurios.

Cuando un funcionario público exhibe un crecimiento patrimonial ostensible que no resiste un peritaje contable ni una pericia técnica de tasación de obra, el lavado de dinero se materializa como un delito autónomo de competencia federal directa. La Justicia Federal debe investigar el origen del dinero.

En los pasillos tribunalicios se da por rechazada la presentación impecable de Montoya pero lo que también se dice y se sabe a viva voz es que con la Cámara de Apelaciones se toca otra música y ahí tendrá que bailar Cañiza.