Escándalo en la UNaF: crecen los pedidos para que la Justicia investigue el patrimonio millonario del rector Augusto Parmetler
Mientras continúan difundiéndose documentos públicos vinculados con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler, y la secretaria general Zully Rivero ante los organismos competentes, persisten los cuestionamientos sobre la administración de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y el manejo de los recursos públicos de la institución.
En distintos sectores de la comunidad universitaria circulan inquietudes respecto de decisiones administrativas y del funcionamiento interno de diversas áreas vinculadas con expedientes, asesoría jurídica, compras, suministros, rendiciones de cuentas y resoluciones. Según manifestaron distintas fuentes consultadas, existe preocupación por la responsabilidad que implica la intervención en determinados actos administrativos y reclaman que todos los procedimientos se ajusten estrictamente a la normativa vigente.
A ello se suman las observaciones formuladas en distintos informes de la Auditoría General de la Nación sobre aspectos de la administración financiera de la Universidad, lo que volvió a instalar el debate acerca de la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.
Las declaraciones juradas patrimoniales, que constituyen documentación pública, también despertaron interés por los activos financieros declarados, generando pedidos para que las autoridades universitarias brinden explicaciones que permitan contextualizar la evolución de su patrimonio y disipar cualquier duda sobre su origen.
En ese contexto, distintos sectores de la comunidad universitaria sostienen que la transparencia resulta indispensable para preservar la confianza institucional y consideran que toda información patrimonial de los funcionarios públicos debe poder ser explicada de manera clara y documentada.
Paralelamente, estudiantes, docentes y trabajadores continúan reclamando respuestas sobre cuestiones vinculadas con becas, el funcionamiento del comedor universitario, la infraestructura y el destino de los recursos asignados a la institución.
Ante este escenario, diversos sectores consideran necesario que los organismos de control competentes analicen toda la documentación disponible y, de corresponder, que la Justicia Federal investigue los hechos denunciados para determinar si existieron o no irregularidades y establecer las responsabilidades que pudieran surgir conforme al debido proceso.
La demanda central de buena parte de la comunidad universitaria continúa siendo la misma: mayor transparencia, acceso a la información pública y una rendición de cuentas que permita despejar las dudas planteadas en torno a la administración de la Universidad Nacional de Formosa.
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