Nueva derrota para quienes buscan "desestabilizar judicialmente" a la UNaF: la Cámara Federal rechazó "in limine" otro intento por alterar el Consejo Superior

"Morán y una sucesión de decisiones sobre la UNaF que terminaron corregidas por la Cámara"

Una  nueva derrota judicial  golpeó este martes al sector enfrentado con la conducción de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), después de que la Cámara Federal de Resistencia rechazara  "in limine"  el recurso directo mediante el cual un grupo de consiliarios pretendía excluir a tres integrantes del Honorable Consejo Superior y obtener, mientras se resolvía la cuestión, una medida cautelar que impidiera su participación en las sesiones del máximo órgano colegiado.

El fallo fue dictado este  12 de agosto de 2026  , en el expediente Nº FRE 8040/2026, caratulado  "Martínez, Carlos Aníbal y otros c/ Universidad Nacional de Formosa s/Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521"  .

La presentación fue realizada por  Carlos Aníbal Martínez, María Rosa Sanabria, Alfredo Rafael Olmedo, Zulma Carmen Ayala, Ignacio Alberto Báez, Jorge Daniel Hotesen, Carla Aldana Ibarra, Karim Oscar Naser, Mario Gabriel Orlandi y María de las Mercedes Santa Cruz  , todos ellos invocando su carácter de consiliarios del Consejo Superior.

Su objetivo era concreto: lograr judicialmente la exclusión de  Rafael Portocarrero Curay, José Luis Guillén y Roxana Marina Arrúa  del máximo órgano de gobierno de la Universidad.

Además, solicitaron una medida cautelar para suspender la participación de los tres consiliarios en cualquier sesión del Consejo Superior y, particularmente, en la convocada mediante Resolución Rectoral Nº 1152/26 para este mismo 12 de agosto.

La Cámara no les dio la razón.

Querían excluir a tres consiliarios y frenar su participación

Los recurrentes argumentaron que Arrúa, Portocarrero y Guillén se encontrarían alcanzados por supuestas causales de caducidad de mandato e incompatibilidad previstas en el Estatuto de la UNaF y en normativa del Consejo Superior.

También denunciaron que los máximos órganos universitarios no estarían funcionando conforme a la normativa y sostuvieron que presentaciones realizadas previamente ante el Rectorado y el Consejo Superior no habían obtenido respuesta.

A partir de ese supuesto silencio, pretendieron considerar habilitada la vía judicial y acudieron directamente a la Cámara Federal mediante el mecanismo contemplado por el artículo 32 de la Ley de Educación Superior.

Pero ese razonamiento encontró un límite contundente en el tribunal.

La Cámara les cerró la puerta de entrada

Antes siquiera de analizar el fondo de las acusaciones, la Cámara estudió si el recurso utilizado era jurídicamente admisible.

Y allí estuvo la clave del fallo.

El artículo 32 de la Ley 24.521 permite recurrir directamente ante una Cámara Federal contra  "resoluciones definitivas"  de las instituciones universitarias nacionales cuando se encuentren en discusión cuestiones relacionadas con la interpretación de leyes nacionales, estatutos y demás normas internas.

Pero en este caso  no existía una resolución definitiva de la UNaF que pudiera ser impugnada mediante ese mecanismo  .

Los accionantes pretendían equiparar el silencio de las autoridades universitarias a una resolución definitiva.

La Cámara rechazó esa interpretación.

El fallo distingue claramente entre el silencio administrativo —que puede habilitar determinadas vías posteriores de impugnación— y una decisión expresa y definitiva emanada de la autoridad universitaria competente.

En otras palabras:  el silencio que invocaban no podía convertirse artificialmente en la "resolución definitiva" que exige la ley para habilitar un recurso directo ante la Cámara. 

Un fallo que vuelve a colocar la autonomía universitaria en el centro

La sentencia contiene además consideraciones de enorme importancia institucional.

La Cámara recordó que el control judicial de los actos administrativos universitarios tiene límites y que, por aplicación del  principio de autonomía de las Universidades Nacionales, al Poder Judicial le está vedado inmiscuirse en cuestiones de mérito o conveniencia  .

La Justicia puede intervenir cuando existen arbitrariedad, ilegalidad manifiesta, desviación de poder o vicios jurídicos que afecten derechos.

Pero no puede convertirse en un órgano paralelo de gobierno universitario ni reemplazar las decisiones que corresponden a las autoridades y cuerpos colegiados de una Universidad Nacional.

Ese principio resulta especialmente significativo frente a la sucesión de conflictos políticos y judiciales que viene atravesando la UNaF.

La Cámara recordó que el control judicial debe circunscribirse a determinados aspectos de legalidad y razonabilidad, respetando el margen de actuación que corresponde a las instituciones universitarias autónomas.

La Justicia no puede convertirse en un Consejo Superior paralelo

El mensaje institucional que deja el fallo es significativo.

Una disputa sobre quién puede o no integrar el Consejo Superior debe recorrer los procedimientos administrativos e institucionales correspondientes antes de pretender que la Justicia Federal sustituya directamente a los órganos universitarios.

La Cámara incluso señaló que, si los recurrentes consideran afectados sus derechos, existen  otras vías judiciales pertinentes ante los tribunales de primera instancia  .

Lo que no correspondía era utilizar el recurso directo previsto en el artículo 32 de la Ley de Educación Superior para obtener de la Cámara una decisión que esa herramienta procesal no permite.

El tribunal advirtió además que aceptar la interpretación propuesta podría terminar creando una suerte de  "fuero universitario"  que llevara automáticamente ante las Cámaras Federales cualquier conflicto relacionado con una Universidad Nacional, desnaturalizando el carácter restrictivo de esa vía judicial.

Otra batalla judicial que termina frustrada

La resolución adquiere una dimensión política inevitable dentro de la prolongada interna que atraviesa la Universidad Nacional de Formosa.

Martínez, Olmedo, Sanabria y los restantes recurrentes buscaban una decisión judicial que modificara la composición efectiva del Consejo Superior y, en lo inmediato, impidiera la participación de Arrúa, Portocarrero y Guillén en una sesión convocada para el mismo día en que finalmente se conoció el fallo.

La estrategia no prosperó.

La Cámara ni siquiera consideró necesario avanzar sobre el fondo de la pretensión: determinó que el recurso era improcedente por la vía escogida.

Y esa conclusión también volvió  inoficioso analizar el pedido de medida cautelar  con el que pretendían suspender la participación de los tres consiliarios.

Una política de judicialización que acumula derrotas

El nuevo pronunciamiento tampoco puede analizarse aisladamente del escenario que viene atravesando la UNaF.

La disputa política universitaria lleva meses trasladándose sistemáticamente desde los órganos institucionales hacia los tribunales.

Cada desacuerdo termina convertido en expediente. Cada correlación de fuerzas adversa parece intentar revertirse mediante una presentación judicial.

Pero la Universidad no puede vivir permanentemente bajo una lógica de cautelares, denuncias, impugnaciones y recursos destinados a trasladar a los tribunales aquello que debería resolverse mediante el Estatuto, las elecciones y los órganos colegiados.

La autonomía universitaria no significa impunidad ni ausencia de controles.

Significa algo mucho más elemental:  la Universidad tiene derecho a gobernarse conforme a sus propias normas y la Justicia debe intervenir dentro de los límites que establecen la Constitución y las leyes. 

Y precisamente ese límite volvió a aparecer en el fallo de este martes.

Un nuevo respaldo institucional para la UNaF

Finalmente, los camaristas  Patricia Beatriz García y Enrique Jorge Bosch adhirieron a los fundamentos de la jueza Rocío Alcalá  , conformando la decisión del tribunal.

La parte resolutiva no deja lugar a interpretaciones: la Cámara dispuso  "RECHAZAR in limine el Recurso Directo interpuesto en fecha 10/08/2026"  , ordenando posteriormente su registro, notificación y archivo.

La decisión representa así  una nueva derrota judicial para el sector enfrentado con la conducción de la UNaF  , que esta vez pretendía excluir a tres integrantes del Consejo Superior y alterar inmediatamente la conformación del máximo órgano colegiado mediante una medida cautelar.

La Cámara Federal volvió a recordar dónde están los límites.

Las diferencias políticas pueden ser profundas. Los actos universitarios pueden ser cuestionados y, cuando corresponda, sometidos al control judicial.

Pero  la Justicia no puede transformarse en una herramienta para reemplazar el funcionamiento institucional de una Universidad Nacional ni para trasladar automáticamente cada disputa interna a los tribunales. 

Después de meses de enfrentamientos, el mensaje que deja el nuevo fallo es contundente:  la UNaF debe resolver su vida institucional respetando el Estatuto, sus órganos democráticos y, fundamentalmente, su autonomía universitaria.