​Escándalo en la UNaF: Denuncian espionaje interno, aprietes a un escribano y malversación de fondos.

El creciente temor dentro del entorno de Zuly Rivero por la eventual pérdida de la estructura de recursos que benefició a su círculo familiar ha alcanzado esferas de alta trascendencia. La persecución pública manifestada por el escribano Parajón refleja la misma realidad que afecta a numerosos trabajadores nodocentes en el campus universitario.

 Actualmente, la UNaF atraviesa un clima de hostigamiento inédito, caracterizado por el uso del sistema de cámaras de seguridad con fines disuasorios y la posterior filtración de imágenes privadas a medios de comunicación y cuentas en redes sociales para articular escracches públicos.

​A este escenario se añaden las recientes publicaciones realizadas por el propio notario en sus canales de difusión, donde expuso en detalle los actos de amedrentamiento sufridos desde el momento en que prestó servicios en el lugar. En sus declaraciones, describió episodios de privación ilegítima de la libertad dentro de las instalaciones del Rectorado. La difusión de estos testimonios, lejos de silenciar el conflicto, encendió las alarmas e impulsó el reclamo hacia un ámbito de mayor alcance público e institucional.

​El impacto del caso sobre la figura de Rivero genera jornadas de alta incertidumbre, alcanzando la atención de los máximos organismos de seguridad provincial. Frente a la latente pérdida de prerrogativas, tanto Parmetler como Rivero —junto a Rojas y Jara— se ven expuestos a rendir cuentas por los presuntos hechos de intimidación, la utilización indebida del material de videovigilancia y la asignación de abultados fondos presupuestarios destinados a más de diez medios de comunicación bajo el concepto de pauta publicitaria.

​Las repercusiones de estos sucesos marcan el inicio de un proceso de rendición de cuentas que ya se encuentra en marcha.

En ese contexto, las denuncias también alcanzan a Sebastián "Pepe" Rojas , a quien distintos sectores críticos de la gestión señalan como uno de los principales operadores políticos del oficialismo universitario. En sus declaraciones, sostienen que Rojas, a quien identifican como sobrino del concejal justicialista Darío Di Martino , habría participado de presuntas maniobras vinculadas al manejo de recursos de la Universidad Nacional de Formosa.

Los denunciantes afirman, además, que existirían presuntas irregularidades en la adquisición de equipamiento para la UNaF por un monto superior a los 100 millones de pesos, señalando que parte de esos bienes habrían sido comprados en Ciudad del Este, Paraguay, y que la operatoria habría sido respaldada con documentación comercial presuntamente irregular. También sostienen que esos hechos deberían ser investigados por los organismos competentes para determinar si existieron delitos contra la administración pública.

En la misma línea, las críticas también apuntan contra el jefe de Seguridad de la UNaF, Jorge Jara , respecto de la conformación del personal afectado al área. Según los denunciantes, entre las personas incorporadas habría individuos con antecedentes penales, situación que —afirman— genera preocupación por tratarse del equipo encargado de velar por la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.