"ESTE SEÑOR NO NOS REPRESENTA": graduados de Humanidades rechazan que sus títulos lleven la firma del exdecano Rafael Olmedo
La crisis institucional de la Universidad Nacional de Formosa sumó un nuevo capítulo. Egresados del Profesorado y de la Licenciatura en Geografía presentaron una nota ante el Rectorado para exigir que sus diplomas sean firmados exclusivamente por autoridades legítimamente constituidas. El reclamo se produce después de que el Consejo Superior declarara la nulidad absoluta e insanable de las elecciones de decanos de diciembre de 2024. La contundente expresión de los graduados expone una dimensión especialmente sensible del conflicto: la legitimidad de quienes certifican sus trayectorias académicas.

La crisis institucional que atraviesa la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sumó un nuevo y significativo episodio. Esta vez, el cuestionamiento no provino de las autoridades universitarias ni de los sectores que protagonizaron las prolongadas disputas por la conducción de la institución, sino de los propios graduados.
Egresados del Profesorado y de la Licenciatura en Geografía presentaron una nota administrativa dirigida al Rectorado para expresar su rechazo a que sus títulos universitarios sean suscriptos por el exdecano Rafael Olmedo , cuya continuidad en el cargo quedó alcanzada por la reciente decisión del Consejo Superior.
La presentación contiene una expresión particularmente contundente:
"Este señor no nos representa, ni moral ni académicamente por lo que no lo asumimos como autoridad y tampoco queremos que nuestro título lleve su firma".
La frase refleja el profundo cuestionamiento de los firmantes a la legitimidad institucional del exdecano y traslada la controversia a un terreno especialmente delicado: la emisión de los títulos universitarios que certifican años de esfuerzo, estudio y formación profesional.
Los graduados no quieren la firma de Olmedo en sus diplomas
El reclamo presentado ante el Rectorado tiene un objetivo concreto: que los títulos de quienes finalizaron sus estudios sean firmados por autoridades universitarias cuya legitimidad se encuentre debidamente respaldada por las normas institucionales.
Para los egresados, no se trata de una cuestión meramente protocolar.
Un título universitario representa la culminación de una trayectoria académica y constituye un documento oficial que acredita la formación profesional de su titular.
Por eso, quienes impulsaron la presentación consideran fundamental que su expedición se realice con todas las garantías administrativas y jurídicas correspondientes.
El planteo introduce una dimensión que trasciende las disputas por los cargos: los graduados reclaman que sus diplomas no queden involucrados en los cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades universitarias.
La contundencia del escrito demuestra que, al menos entre sus firmantes, el conflicto institucional ha provocado una pérdida de reconocimiento hacia quien hasta hace pocos días ejercía la conducción de Humanidades.
El antecedente decisivo: el Consejo Superior anuló las elecciones
La presentación se produce después de una decisión de enorme trascendencia para la Universidad Nacional de Formosa.
El pasado 9 de octubre , el Consejo Superior resolvió declarar la nulidad absoluta e insanable de las elecciones de decanos celebradas el 13 de diciembre de 2024 en tres facultades: Humanidades, Recursos Naturales y Administración, Economía y Negocios.
La resolución alcanzó a Rafael Olmedo, Carlos Aníbal Martínez y María Rosa Sanabria , quienes, según lo dispuesto por el máximo órgano colegiado universitario, dejaron de ejercer sus respectivos decanatos.
La medida estableció que la conducción de las unidades académicas quedara a cargo de los vicedecanos correspondientes.
De esta manera, la controversia sobre la legitimidad de aquellas elecciones dejó de ser solamente una discusión entre sectores universitarios y pasó a tener una consecuencia institucional concreta.
Los requisitos que quedaron bajo cuestionamiento
Uno de los aspectos centrales de las actuaciones desarrolladas en el ámbito del Consejo Superior estuvo relacionado con los requisitos académicos y administrativos exigidos para acceder a los decanatos.
Según los antecedentes expuestos en el procedimiento universitario, se cuestionó que los tres decanos alcanzados por la investigación hubieran acreditado correctamente la antigüedad necesaria para acceder a la condición de docentes ordinarios mediante el mecanismo excepcional contemplado en el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo.
En particular, el planteo sostuvo que no reunían los cinco años de antigüedad en los cargos correspondientes que habían sido invocados para acceder a ese procedimiento.
A ello se agregó otro cuestionamiento de especial relevancia: la exigencia estatutaria de ser o haber sido profesor ordinario por concurso público de antecedentes y oposición en una universidad nacional para acceder al decanato.
De acuerdo con los antecedentes mencionados, el Consejo Superior consideró que existían irregularidades suficientes para declarar la nulidad de las elecciones.
La resolución completa y sus fundamentos resultan esenciales para precisar el alcance jurídico de esas conclusiones y las eventuales vías de impugnación disponibles.
Una frase que profundiza el cuestionamiento institucional
La expresión utilizada por los graduados constituye uno de los elementos más significativos de la presentación.
"Este señor no nos representa, ni moral ni académicamente".
No es una observación técnica sobre un expediente.
Es un rechazo explícito a la representación institucional que los firmantes atribuyen al exdecano.
El cuestionamiento adquiere una dimensión particular porque proviene de personas que completaron sus estudios en la propia Facultad y que ahora esperan recibir la documentación oficial correspondiente a sus carreras.
Los egresados no están solicitando modificar sus calificaciones, revisar sus planes de estudio ni alterar las condiciones académicas de su graduación.
Lo que reclaman es que el acto administrativo de expedición de sus títulos cuente con la intervención de autoridades cuya legitimidad no se encuentre cuestionada por la reciente declaración de nulidad electoral .
El Rectorado deberá dar una respuesta
La nota presentada coloca ahora al Rectorado de la UNaF frente a una solicitud administrativa concreta.
Corresponderá determinar cuáles son las autoridades competentes para suscribir los diplomas, conforme a las disposiciones universitarias vigentes y a los efectos de la resolución del Consejo Superior.
También será importante establecer si existen títulos en trámite que puedan verse alcanzados por la controversia y qué procedimientos deben aplicarse para garantizar su correcta expedición.
En este punto resulta necesario distinguir dos cuestiones: la legitimidad de una autoridad y la validez jurídica de los documentos que esa autoridad haya firmado .
La declaración de nulidad de una elección no implica necesariamente que todos los actos administrativos realizados durante el ejercicio del cargo queden automáticamente invalidados.
Esa cuestión debe analizarse conforme a la normativa aplicable, resguardando especialmente los derechos adquiridos por estudiantes y graduados de buena fe.
Precisamente por eso, una respuesta institucional clara permitirá evitar incertidumbres innecesarias sobre documentos de enorme importancia para la vida profesional de los egresados.
El conflicto ya no queda encerrado entre autoridades
Durante meses, las controversias de la UNaF estuvieron dominadas por enfrentamientos entre autoridades, presentaciones judiciales, cuestionamientos a resoluciones y disputas dentro de los órganos de gobierno.
Pero el reclamo de los graduados de Geografía demuestra que las consecuencias de esa conflictividad pueden extenderse a otros integrantes de la comunidad académica.
Ahora son los propios egresados quienes reclaman garantías institucionales sobre los documentos que acreditarán su formación profesional.
Ese dato merece una atención especial.
Porque una Universidad no solamente debe garantizar la calidad de la enseñanza. También tiene la obligación de asegurar que sus procedimientos administrativos sean transparentes, previsibles y jurídicamente confiables.
La expedición de títulos constituye una de esas responsabilidades fundamentales.
Los títulos deben estar por encima de cualquier disputa de poder
La situación plantea un desafío inmediato para la Universidad Nacional de Formosa.
El conflicto por la conducción de Humanidades no debería generar incertidumbre entre quienes cumplieron sus obligaciones académicas y finalizaron sus carreras.
Los graduados tienen derecho a recibir sus títulos conforme a la normativa vigente, sin quedar atrapados en las consecuencias de una prolongada disputa institucional.
La presentación dirigida al Rectorado exige, en definitiva, algo elemental: certeza sobre la legitimidad de las autoridades que intervienen en la expedición de sus diplomas .
Y lo hace mediante una expresión que sintetiza el nivel de rechazo manifestado por sus firmantes hacia Rafael Olmedo:
"Este señor no nos representa".
La declaración de nulidad de las elecciones de diciembre de 2024 abrió una nueva etapa en la conducción de tres facultades. Ahora, el reclamo de los egresados demuestra que también será necesario resolver las consecuencias administrativas de aquella decisión.
Porque los cargos universitarios pueden ser objeto de disputas y revisiones institucionales, pero los años de estudio, el esfuerzo y los derechos de los graduados deben permanecer por encima de cualquier enfrentamiento.
La comunidad universitaria necesita respuestas claras. Y los egresados de Geografía reclaman que esa claridad también quede reflejada en sus títulos.
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