Montoya:"Exigen renuncias y transparencia a funcionarios nacionales, pero cuando se trata de funcionarios provinciales los protegen, los blindan y bloquean los mecanismos de control"
El diputado Miguel Alfredo Montoya (UCR) criticó con dureza la censura en el recinto y advirtió sobre la gravedad de que la máxima autoridad del Tribunal de Cuentas sume una causa penal por estafa.
La tensión en la Legislatura provincial volvió a hacerse sentir ayer, cuando el diputado provincial de la UCR, Miguel Alfredo Montoya, denunció que el oficialismo bloqueó el tratamiento de un nuevo pedido de juicio político contra la titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa, Myriam Esther Radrizani, acusada por la oposición de irregularidades en la gestión y la firma de documentos públicos.
Montoya explicó que la iniciativa de la oposición no es un reclamo nuevo. "En el año 2022 presentamos un pedido de juicio político, pero fue blindado por el oficialismo y nunca se trató", recordó el legislador radical en diálogo con este medio. Sin embargo, precisó que la reapertura del pedido responde a hechos recientes que, según su versión, justifican una investigación parlamentaria. "Intentamos nuevamente porque aquel proyecto perdió estado parlamentario y, además, surgieron hechos nuevos. En aquel momento había una disputa civil, pero ahora también existe una causa penal en trámite en el juzgado de instrucción y correccional número 6, donde se le imputa estafa", afirmó.
El rol del organismo de control y la denuncia de censura
El legislador subrayó la enorme importancia institucional que reviste el área en conflicto. "El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar la correcta administración de los recursos públicos, la legalidad y la transparencia de todos los gastos. Es decir, verifica si los municipios licitaron correctamente, si los pagos fueron legales y si las facturas presentadas son verídicas. La persona que ocupa ese cargo pesa sobre sospechas y ya tiene causas judiciales avanzadas. Por eso es urgente iniciar el juicio político", sostuvo.
Para ilustrar su argumento, Montoya expuso un caso concreto de la investigación: "Recuerdo claramente cuando se presentó un contrato de alquiler presuntamente fraguado, que involucraba construcciones en terrenos vinculados a la titular del Tribunal de Cuentas. Es la misma persona que debe controlar los gastos de la Legislatura y de los municipios. Es casi un chiste que no podamos investigar y que no se le permita defenderse".
Según denunció el diputado, la sesión de ayer estuvo marcada por la interrupción constante de los legisladores oficialistas, quienes impidieron que la oposición pudiera explicar su postura en el recinto. "La diputada Villaggi comenzó a hablar y automáticamente, a los 30 segundos, Samaniego empezó a interrumpirla. En lugar de llamar al orden al diputado que estaba desordenando la sesión, el presidente Cabrera cortó el micrófono a la diputada", denunció. En ese sentido, criticó con dureza la conducción del cuerpo: "No nos dejaron hablar ni siquiera para someter nuestro pedido a votación. Ni siquiera la mayoría aplastante podría justificar esta censura. Es una actitud autoritaria: no quieren escuchar a quien piensa distinto y buscan que exista una sola voz, la del oficialismo".
Doble vara política y el complejo escenario institucional
Montoya también cuestionó lo que consideró una evidente doble vara del oficialismo en materia de transparencia. "Exigen renuncias y transparencia a funcionarios nacionales, pero cuando se trata de funcionarios provinciales los protegen, los blindan y bloquean los mecanismos de control. Esto genera indignación y desprestigia a las instituciones", lamentó.
A pesar de la protección política con la que cuenta la funcionaria, el legislador aseguró que la justicia provincial no ha podido eludir el avance de la investigación. "Hay sanciones, causas judiciales, un expediente penal en curso. Es un derecho de los diputados investigar, y también un derecho de la funcionaria ejercer su defensa. El juicio político no es condena, sino una instancia de control institucional", aclaró para bajarle el tono de ataque personal y enmarcarlo en las herramientas de la democracia.
Finalmente, Montoya trazó un paralelismo con el contexto histórico local, recordando que en Formosa se han vivido situaciones de gran conflictividad que en su momento ameritaron la intervención federal de distintos poderes. "Existen antecedentes de funcionarios y jueces sancionados por oponerse a decisiones del gobierno provincial. Lo que ocurrió ayer es una muestra más de un oficialismo embriagado de poder, que censura a la minoría y bloquea cualquier intento de control parlamentario", señaló. Pese al complejo escenario, advirtió que el bloque opositor no dará el brazo a torcer: "Nos sentimos frustrados a veces, porque ni siquiera podemos hablar en la banca, pero vamos a continuar con nuestra línea. La censura y el autoritarismo del oficialismo no van a impedir que cumplamos nuestra función", concluyó.
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