Montoya: "hace un año se llenaban la boca con una bandera con la cual nosotros coincidimos, de las energías renovables y de los controles, y no pasó un año y con el codo borraron lo que hicieron con la mano"
El diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Dr. Miguel Montoya, expuso el trasfondo de una reciente disposición de la cartera productiva local. La medida elimina la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas para evaluar el impacto ambiental de un megaproyecto fotovoltaico presupuestado en 147 millones de dólares.
El plan energético abarca la construcción de parques solares en localidades como Pirané, Laguna Blanca, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Clorinda, Ibarreta y General Güemes, estimando la generación e inyección de aproximadamente 170 megavatios (MW) al sistema eléctrico provincial en una de las mayores inversiones privadas del año.
Ante la magnitud de la cifra, el legislador radical fijó la posición de la oposición respecto al arribo de capitales señalando que "estamos absolutamente de acuerdo con que esas inversiones lleguen a Formosa. Fuimos nosotros los que presentamos proyectos para que Formosa se adhiera al RIGI, y es el oficialismo provincial el que voted en contra. Queremos que esas inversiones lleguen, pero que lleguen cumpliendo la ley".
Montoya remarcó que cualquier desembolso privado debe encuadrarse en la Constitución Nacional y en la Carta Magna provincial, cuyos artículos 13 y 79 exigen un Certificado de Aptitud Ambiental previo a la ejecución de los trabajos. Sin embargo, tras los anuncios oficiales, comenzaron a registrarse movimientos de suelo sin realizarse la participación ciudadana correspondiente.
Las irregularidades normativas y los cambios a medida
Para sortear la normativa, el Ministerio de la Producción aplicó un mecanismo administrativo directo que alteró las exigencias legales. Según explicó el diputado, "el 3 de agosto nos enteramos que el ministro de la Producción emitió una resolución administrativa que modificó la obligatoriedad de la convocatoria a una audiencia pública y la cambió por algo de menor rango, que es simplemente una consulta pública informativa a través de la publicación de edictos". Cuestionando la validez jurídica de la medida, agregó que "modificaron por una norma de rango menor una ley, la 1060, que establece que para estas obras energéticas es necesaria la audiencia pública; hicieron un traje a medida para evitar el cumplimiento de una ley y de la Constitución provincial".
Frente a esta situación, el bloque opositor presentó un pedido de informe dirigido al ministro de la Producción y Ambiente, Dr. Lucas Rodríguez, quien cuenta con un plazo de diez días hábiles para responder sobre los motivos de la modificación. Respecto a las sospechas en torno a la firma beneficiaria, Montoya denunció que "le modificaron a una empresa que se llama Ambiente y Energía las condiciones para que acceda rápidamente a unos certificados sin cumplir los requisitos, y lo hicieron después de los anuncios. Nos preguntamos si se está beneficiando a Ambiente y Energía y le preguntamos también al ministro si realizó la otra evaluación".
Pedidos de informe y las sospechas de la oposición
El reclamo trajo a colación antecedentes de vinculaciones comerciales con privados, como el caso de Fermosa Biosiderurgia, donde la provincia actuó de garante para un crédito internacional de 8 millones de dólares y absorbió el 25% de las acciones. Al respecto, el diputado enfatizó que "atrás de cada una de estas empresas, permítanme dudar, siempre hay socios locales y decretos hechos a medida salteando las exigencias legales. La licencia ambiental de la planta de Biosiderurgia otorgada en 2022, ¿se encuentra vencida o está vigente todavía? Son preguntas que están en el pedido de informe y que el ministro nos tiene que contestar".
El legislador sostuvo además que la seguridad jurídica es fundamental para la propia inversión privada, argumentando que "una empresa que viene a poner 147 millones de dólares tiene que tener la garantía de que todo el proceso de otorgamiento de su licencia estuvo hecho a ley".
Para finalizar, criticó la falta de coherencia en el discurso ambiental oficialista expresando que "hace un año se llenaban la boca con una bandera con la cual nosotros coincidimos, de las energías renovables y de los controles, y no pasó un año y con el codo borraron lo que hicieron con la mano", concluyendo que "el que gana gobierna y el que pierde controla al que gobierna. Nosotros lo hacemos porque es nuestro deber y cada vez que nos encontramos con una cosa así, permítanme dudar que siempre hay un kiosco atrás".
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