Muracciole buscó instalar la idea de que los aumentos en las boletas de luz tienen origen en la ciudad de Las Lomitas, apuntando directamente contra el diputado nacional Atilio Basualdo
El rector organizador de la UPLaB intentó responsabilizar a Las Lomitas y a Atilio Basualdo por los aumentos de la energía, pero sus afirmaciones fueron calificadas como delirantes, rebuscadas, irresponsables y funcionales al grotesco relato político de el modelo formoseño.

En un contexto de creciente malestar social por las tarifas eléctricas en Formosa, las declaraciones del contador Adrián Marcelo Muracciole, rector organizador de la Universidad Provincial de medicina de Laguna Blanca (UPLaB), desataron una fuerte controversia por su tono militante, su contenido propagandistico y la falsedad de sus afirmaciones.
En una exposición de tinte abiertamente partidario y fundamentalista, Muracciole buscó instalar la idea de que los aumentos en las boletas de luz tienen origen en la ciudad de Las Lomitas, apuntando directamente contra el diputado nacional Atilio Basualdo y la gestión municipal local. Sin embargo, su planteo fue rápidamente cuestionado por su carácter simplista y por intentar reducir un problema estructural a una acusación puntual sin ninguna evidencia verificable.
"No puede ser que REFSA, manejada por unos corruptos amigos del gobernador, le esté robando la plata a los formoseños"
El contador rector de una universidad de medicina, sostuvo que el municipio recauda cerca de 200 millones de pesos mensuales por alumbrado público y que esos fondos no son transferidos a la empresa REFSA, construyendo así un relato en el que el Gobierno provincial aparece como sostén del sistema eléctrico local. No obstante, especialistas en energía advierten que la estructura tarifaria es compleja, depende de múltiples factores y decisiones políticas acumuladas, por lo que adjudicar el origen de los aumentos a una sola comuna carece de sustento técnico.
Más allá de los números, lo que generó mayor rechazo fue el tono de las declaraciones, con descalificaciones personales y acusaciones sin respaldo documental, con la cual Muracciole no buscó informar sino instalar una narrativa política , para encubrir las reales causales de las tarifas que golpea directamente a miles de familias formoseñas.
En contraposición, el diputado nacional Atilio Basualdo viene denunciando públicamente una situación estructural mucho más profunda. En reiteradas intervenciones, incluso en medios como Radio Parque, apuntó contra el manejo de la empresa REFSA y contra el propio gobierno provincial, al que acusa de haber eliminado subsidios clave y de sostener un esquema discrecional y perverso que impacta en el precio final de la energía.
Basualdo denunció penalmente a Insfrán
Basualdo también llevó sus denuncias al plano judicial, al presentar una causa ante el Superior Tribunal de Justicia contra el gobernador Gildo Insfrán por presunta retención indebida y distribución arbitraria de la coparticipación, lo que —según afirma— condiciona financieramente a los municipios y limita su capacidad de gestión.
En ese marco, el legislador aseguró que las tarifas actuales son "impagables" para gran parte de la población y vinculó los costos a decisiones políticas y a presuntos manejos irregulares dentro de REFSA. También cuestionó la falta de inversión en infraestructura energética y la ausencia de políticas para diversificar la matriz, en una provincia con condiciones propicias para el desarrollo de energías renovables.
Otro de los puntos que contradicen el discurso de Muracciole es la denuncia sobre los mecanismos de cobro y compensación con los municipios. Según Basualdo, la empresa provincial retiene recursos de la coparticipación de manera automática, fija montos sin parámetros claros y carga consumos que exceden a las jurisdicciones locales, lo que desmiente la idea de una supuesta deuda unilateral como intentó instalar el rector.
En este escenario, las declaraciones de Muracciole fueron interpretadas como un intento de desviar el eje del debate y de proteger políticamente al modelo de gestión provincial, trasladando responsabilidades hacia dirigentes opositores. Lejos de aportar claridad, su intervención profundizó la polémica y volvió a poner en discusión la necesidad de transparencia, información precisa y responsabilidad institucional en un tema tan sensible como el costo de la energía.
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando el bolsillo de los formoseños, en una provincia donde la discusión energética ya no admite relatos simplificados, sino respuestas concretas y soluciones de fondo.
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