Abogado de Piombino:"Si fue una decisión deliberada y sistemática por parte del Partido Libertario, puden perder la personalidad jurídica el Partido"
El Dr. Juan Cruz Fernández, abogado defensor de la histórica dirigente radical Elena María Piombino, brindó detalles sobre las graves denuncias penales presentadas contra autoridades de LLA. Aseguró que se vulneró la identidad política de su defendida y advirtió que el partido de Javier Milei podría perder su personería jurídica en la provincia.

La denuncia fue realizada por Elena María Piombino vicepresidenta primera de la UCR en la provincia de Formosa, quien afirmó haber sido afiliada de manera apócrifa a otra fuerza política sin su consentimiento, afectando de forma directa su participación en la elección de cargos partidarios.
La denuncia encuadra los delitos de falsificación de documento, falsedad ideológica y uso de documento falso, en una maniobra que habría vulnerado derechos políticos y civiles.
En la denuncia también se menciona a Pablo S. Míguez , señalado como quien habría intervenido como "autoridad certificante" en la ficha de afiliación cuestionada. La acusación sostiene que se habrían confeccionado y utilizado documentos con firmas y datos adulterados para engrosar padrones partidarios.
Desde el radicalismo advierten que este caso podría no ser aislado y que respondería a una práctica sistemática para captar afiliados de manera irregular, con el objetivo de fortalecer estructuras políticas y electorales. En ese marco, exigieron una investigación profunda que determine responsabilidades y sancione a los implicados.
La situación salió a la luz de manera fortuita cuando Elena María Piombino, con una militancia ininterrumpida en la Unión Cívica Radical (UCR) desde 1986, intentó verificar su situación en el padrón para las próximas internas partidarias. Para su sorpresa, no figuraba en las filas del radicalismo. Al acudir a la justicia electoral, descubrió que aparecía como afiliada a La Libertad Avanza (LLA), lo que motivó una denuncia inmediata.
El Dr. Fernández calificó el hallazgo como «catastrófica porque presentaron una ficha totalmente trucha». Según explicó el letrado, la maniobra no fue un error administrativo, sino un proceso doble que incluyó una carta de renuncia falsa a su partido de origen: «Voluntariamente no lo hizo y ella se da cuenta por el proceso interno que está atravesando el partido… realizó un chequeo del padrón con sus datos y no figuró», detalló sobre el momento del descubrimiento.
Responsabilidades penales sobre López Tozzi y Pablo Miguez
El abogado confirmó que ya se iniciaron acciones legales tanto en la justicia ordinaria de Formosa como en el fuero federal, apuntando directamente contra quienes validaron la documentación apócrifa. La estrategia judicial requerirá de una pericia caligráfica para demostrar fehacientemente que la firma de la dirigente radical fue falsificada en las planillas libertarias.
«Las responsabilidades penales en principio van dirigidas a Esteban López Tozzi y a Pablo Miguez porque son los que certifican esa firma trucha», sentenció Fernández. Para la querella, estos dirigentes actuaron como certificadores y garantes de fichas que nunca fueron suscriptas por los ciudadanos que figuran en ellas, configurando un delito que compromete seriamente a la conducción local del espacio.
El riesgo de perder la personería jurídica provincial
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la sospecha de que este no sea un caso aislado, sino una práctica sistemática para alcanzar el piso legal de afiliados. Fernández solicitó una auditoría completa del padrón de LLA, advirtiendo que, si se comprueba un fraude masivo, las consecuencias legales afectarían la existencia misma del partido en Formosa.
«Si fue una decisión deliberada y sistemática por parte del Partido Libertario. Sí, sí, puede perder la personalidad jurídica el Partido Libertario», afirmó el letrado. El abogado explicó que, de restarse las afiliaciones fraudulentas, la agrupación podría quedar por debajo del mínimo legal de «1964» afiliados necesarios para mantener su estatus vigente ante la justicia electoral.
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