Rechazo radical a la condena contra el equipo periodístico de La Nación+ en Formosa

La Unión Cívica Radical de Formosa y su bloque de diputados provinciales expresaron su rechazo a la sentencia que condenó a cuatro integrantes del equipo periodístico del proyecto "Hambre de Futuro", emitido por La Nación+.

A través de un comunicado conjunto, el Comité Provincial y la bancada radical repudiaron la resolución dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo del juez Omar Padilla, quien sancionó a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán tras realizar entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José. El Poder Judicial de Formosa confirmó oficialmente que Padilla ocupa actualmente dicho cargo.

Los detalles de la sanción y la postura opositora

Según se desprende de la sentencia, los cuatro profesionales fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas provincial por desarrollar su actividad informativa sin la autorización previa que el magistrado consideró exigible y por no contar con un carnet para ejercer el periodismo.

La sanción fijó cinco días de arresto para cada uno de los implicados, sustituibles por una multa de $282.550. Ante esto, los periodistas —quienes recorren el país registrando la realidad de sectores vulnerables— recibieron el respaldo del partido opositor. Desde la UCR consideraron que "condenar a periodistas por no contar con un carnet ni una autorización previa para realizar su trabajo constituye un grave ataque a la libertad de prensa" y remarcaron que el ejercicio del periodismo no debería depender de una habilitación otorgada por el Estado.

Cuestionamientos al juez y repercusión nacional

El pronunciamiento radical también cuestionó los antecedentes del magistrado interviniente, señalando que la resolución fue dictada por un funcionario que anteriormente se desempeñó como concejal de Las Lomitas antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, cargo en el que asumió en marzo de 2025 según datos del Poder Judicial provincial.

La medida generó un inmediato impacto institucional y la reacción de entidades del sector: la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "profunda preocupación y rechazo", recordando que en la Argentina no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal alguna para ejercer el periodismo, investigar, entrevistar o difundir información.