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Miércoles 11 de Noviembre
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ADPRA:"Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible para toda la ciudadanía"

La Asociación de Defensores del Pueblo advirtió que la combinación de cargos sin cubrir y el recorte previsto en el Presupuesto 2026 profundiza la fragilidad del sistema judicial y afecta directamente los derechos de la ciudadanía.

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La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) encendió una señal de alarma sobre la crítica situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, atravesado por un elevado número de vacantes y una significativa reducción presupuestaria proyectada para el año 2026. Según advirtieron, ambos factores impactan de manera directa en el acceso efectivo a la Justicia y en la calidad del servicio judicial.

En ese contexto, el ombudsman provincial y vicepresidente de ADPRA, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones estructurales y funcionales del sistema judicial. "Esta combinación profundiza una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadanía", sostuvo.

De acuerdo con un informe del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial funciona sin cobertura. Esta situación genera demoras en los procesos, sobrecarga laboral para magistrados y empleados, y acentúa las desigualdades territoriales, especialmente en las provincias del Norte y del Sur del país.

A este panorama se suma el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla un recorte general del 8% para el Poder Judicial y una drástica reducción del 74% en bienes de uso. Según ADPRA, estas medidas comprometen seriamente la infraestructura, los recursos tecnológicos y los planes de modernización necesarios para garantizar un servicio de Justicia eficiente.

Desde la entidad reclamaron acelerar de manera urgente la cobertura de las vacantes existentes y revisar las previsiones presupuestarias, a fin de asegurar niveles mínimos de funcionamiento. "Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible para toda la ciudadanía", concluyeron.

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