Cuestionan la Resolución General 5910/26 por su impacto en el comercio de frontera
A pocas horas de la entrada en vigencia de la Resolución General 5910/26, normativa que regula el Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), surgieron severos cuestionamientos por las consecuencias negativas que la medida podría generar en las economías de las ciudades limítrofes.

Diversos sectores locales advirtieron que la disposición no contempla las particularidades de estas localidades, donde el intercambio constante de mercancías constituye el principal motor económico y una fuente indispensable de trabajo para la población.
La norma establece un límite de "USD 150 y restricciones relacionadas con determinados productos, su acondicionamiento y presentación". Frente a esto, referentes del comercio en Clorinda sostienen que el monto fijado resulta claramente insuficiente frente a la dimensión real del mercado local, cuyo sector minorista y mayorista está estructurado para abastecer la alta demanda proveniente de Asunción, Paraguay. En ese sentido, alertaron que las nuevas pautas "podrían reducir las ventas, afectar los puestos de trabajo y disminuir la recaudación" en la segunda ciudad de la provincia.
Críticas a las contradicciones de la política económica nacional
Además del tope monetario, comerciantes y referentes zonales cuestionaron el sesgo restrictivo del texto y remarcaron que la dinámica fronteriza requiere "regulaciones que contemplen la realidad social y económica de cada región". En esa línea, señalaron la existencia de una evidente contradicción en las decisiones del Gobierno nacional, al remarcar que mientras por un lado se promueve la apertura de importaciones mediante la baja de aranceles, por el otro se imponen trabas que asfixian la actividad de las ciudades fronterizas.
A modo de ejemplo, desde el sector mercantil expusieron que las grandes operaciones de importación disfrutan de un marco normativo más flexible, mientras que los comerciantes del Norte argentino deben amoldarse a exigencias estrictas para el ingreso de mercaderías bajo el régimen de vecindad. Ante este complejo escenario, los sectores afectados insistieron en la necesidad de revisar las medidas y exigieron que se escuchen las demandas de las economías régionales antes de profundizar la crisis comercial.
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