Alerta en la frontera: La Defensoría del Pueblo advierte que las PyMEs rechazan los free shops

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa informó que la administración de Javier Milei puso en marcha el "Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre" a través del Decreto 438/2026, con el objetivo de otorgar mayor competitividad a las regiones fronterizas y fomentar el desarrollo económico local. Además, advirtió que diferentes pequeñas y medianas empresas de nuestro país rechazan a los free shops en los pasos fronterizos y exigen el tratamiento del proyecto de ley de armonización del comercio fronterizo.

En este sentido, el Organismo de la Constitución señaló que el funcionamiento de las tiendas mencionadas, también conocidas como "duty free" terrestres, en principio no permitirán comercializar bajo esta modalidad "los siguientes productos: medios de transporte (incluyendo sus partes y repuestos), aceites y combustibles; productos de la canasta básica de consumo (alimentos, productos del reino animal y vegetal); animales vivos y plantas; armas y muni­ciones; productos del tabaco y cigarrillos; maquinaria agrícola, industrial o comercial; electrodomésticos de gran porte y materiales de construcción civil; neumáticos; y ciertos tejidos, hilados y calzados, con excepciones como zapatillas deportivas u ojotas".

El reclamo de los comerciantes y el fantasma de la competencia desleal

El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, tras dialogar con comerciantes de la zona de Clorinda, indicó que esos emprendedores "denunciaron que la realidad del comercio en la frontera está marcada actualmente por dos factores: la retracción del consumo y la disminución de las ventas, como consecuencia de la creciente importación de productos chinos por parte de la Argentina".

A raíz de este escenario, las sospechas comerciales sobre el impacto del decreto se profundizaron. "Explicaron que esta medida constituye para los negocios argentinos una verdadera competencia desleal y está condenando a todos los comercios tradicionales, porque al poder coexistir negocios con reglas de juego desiguales en una misma zona geográfica, se producirá una fuerte desintegración del mercado", aseveró Gialluca.

"Ante esta situación, los comerciantes, junto a las Cámaras que los nuclean, rechazaron la instalación de free shops y solicitaron que en su lugar, se demande al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y a las Comisiones de Comercio, a cargo del doctor Juan Fernando Brugge, y de PyMEs, a cargo del doctor Pablo Farías, el urgente tratamiento legislativo del proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, destinado a brindar herramientas concretas para afrontar las profundas desigualdades económicas, tributarias y comerciales que afectan a las PyMEs radicadas en las regiones fronterizas de nuestro país", agregó.

Por otra parte, el funcionario detalló que el proyecto de ley mencionado fue presentado en el año 2024, alcanzó estado parlamentario y durante el año 2026, el proyecto fue nuevamente presentado y considerado en una reunión conjunta de las Comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, tras lo cual, hasta la fecha, no tuvo ningún avance.

Áreas sensibles y la necesidad de protección para los corredores locales

Gialluca expresó que la importancia de esta iniciativa radica en que las Áreas de Frontera constituyen "espacios particularmente sensibles" desde el punto de vista económico, comercial y social. "Los comercios y PyMEs allí radicados enfrentan diariamente condiciones de competencia desiguales derivadas de las diferencias cambiarias, los distintos niveles de presión tributaria, los costos laborales, los incentivos económicos implementados por los países limítrofes y las fluctuaciones permanentes de las variables macroeconómicas regionales", especificó.

El impacto sobre el empleo y el arraigo local es otra de las mayores preocupaciones del ombudsman. "Esta realidad genera un evidente perjuicio para los emprendedores, quienes deben competir con establecimientos ubicados en países vecinos que, en muchos casos, operan bajo regímenes más favorables, cuentan con menores costos operativos o reciben beneficios estatales que alteran significativamente las condiciones de mercado. La pérdida de competitividad de las PyMES fronterizas repercute directamente en la generación y sostenimiento del empleo, en la recaudación tributaria local, en la actividad económica regional y en las posibilidades de desarrollo de miles de familias que dependen de dichas actividades para su subsistencia", puntualizó.

Para finalizar, José Gialluca dijo que la Defensoría del Pueblo de la provincia "brega por dos zonas" especialmente: el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, ubicado sobre el Río Pilcomayo, que une la ciudad de Clorinda con la de José Falcón (Presidente Hayes); y la Pasarela Internacional de la Amistad, también llamada Pasarela de la Fraternidad, paso peatonal fronterizo ubicado sobre el brazo sur del Río Pilcomayo, que conecta a las localidades de Clorinda y Nanawa (Paraguay), porque ambos "constituyen corredores permanentes de circulación de personas, bienes y actividades económicas transfronterizas, circunstancia que expone diariamente a comerciantes, trabajadores, emprendedores y consumidores a los efectos de las diferencias tributarias, cambiarias y comerciales existentes entre ambos países".