Crisis en la UNaF: Denuncian persecución política, despidos masivos y control ilegal a los trabajadores

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) atraviesa uno de los capítulos más complejos y oscuros de su historia institucional. En las últimas semanas, la comunidad universitaria y diversos sectores gremiales encendieron las alarmas ante lo que describen como una avanzada de persecución ideológica, hostigamiento laboral y cesantías masivas, ejecutadas en abierta desobediencia a las resoluciones judiciales vigentes.

De acuerdo con las graves denuncias que resuenan en los pasillos de la institución, la gestión actual —señalada por responder directamente a las directivas del rector suspendido, Augusto Parmetler, y su esposa, Zully Rivero— inició un proceso de reestructuración forzosa. Según los afectados, estas medidas atentan de forma directa contra la estabilidad laboral de los sectores más vulnerables de la casa de altos estudios.

La situación más crítica golpea a más de 100 trabajadores monotributistas que cumplen tareas esenciales en áreas de administración, vigilancia, mantenimiento, limpieza y control. A pesar de que muchos de estos empleados acumulan más de una década de servicio ininterrumpido en la universidad, las autoridades decidieron avanzar con la no renovación de sus contratos, dejándolos desamparados.

A este complejo panorama se suma el traslado compulsivo de más de 50 empleados no docentes. Fuentes internas de la UNaF aseguran que estas modificaciones no obedecen a criterios de optimización administrativa ni a necesidades operativas, sino que funcionan como un «castigo político» ensañado contra aquellos agentes que manifestaron posturas disidentes o se negaron a alinearse al actual esquema de poder.

«No hay espacio para el diálogo, no hay empatía ni respeto por las trayectorias. Detrás de cada contrato que deciden cortar hay familias enteras que quedan en el desamparo absoluto por decisiones estrictamente políticas», manifestaron con indignación los delegados de los sectores afectados.

El clima de tensión y temor se profundizó en los últimos días tras la instalación masiva de cámaras de seguridad en puntos clave del rectorado y las oficinas administrativas. Los trabajadores describen este despliegue como un sistema de control interno y disciplinamiento, diseñado para monitorear quiénes tramitan los expedientes, quiénes cuestionan las órdenes y qué movimientos realiza el personal de manera cotidiana.

Este estricto régimen de vigilancia coincide con crecientes sospechas sobre el presunto «acomodo» de expedientes y la confección de documentación de dudosa legalidad, maniobras que ya estarían bajo la lupa de la Justicia Federal. En paralelo, los denunciantes aseguran que, a pesar de las restricciones legales, tanto Parmetler como Rivero continúan operando activamente dentro de las oficinas del rectorado, ignorando los fallos que pesan sobre la conducción.

Ante la falta de respuestas y el cierre definitivo de los canales de negociación por parte de las autoridades, el escenario a corto plazo anticipa una fuerte escalada de conflictividad. Distintas agrupaciones ya anunciaron el inicio de un plan de lucha con protestas y medidas de fuerza en defensa de los derechos laborales, mientras una pregunta resuena con fuerza en toda la comunidad formoseña: ¿Hasta cuándo se sostendrá este atropello contra trabajadores cuyo único error fue pensar diferente?.