Denuncian penalmente a autoridades del Concejo Deliberante por presuntas irregularidades en la cesión de un terreno municipal
El concejal Patricio Evans apuntó contra Darío Di Martino y otros tres funcionarios. Pide investigar la omisión de un expediente sobre un predio de SOETFOR y la sospecha de filtración de información privilegiada.
El concejal Patricio Evans (La Libertad Avanza) concretó una denuncia penal ante el fiscal en turno de la Primera Circunscripción Judicial contra el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Darío Di Martino, y otros tres funcionarios. Los vincula con presuntas irregularidades en el tratamiento de un expediente sobre un terreno municipal cedido al Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Formosa (SOETFOR).
Además de Di Martino, la presentación alcanza al secretario legislativo, José Recalde; a la prosecretaria legislativa, Gisella Martínez; y a la concejal y presidenta de la Comisión de Legislación, Hilda Beatriz Segovia. Evans solicita investigar delitos contra la Administración Pública, como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, omisión o retardo de actos funcionales y un eventual ocultamiento o alteración de documentos públicos (artículos 248, 249 y 255 del Código Penal).
El expediente excluido y el terreno en estado de abandono
El conflicto comenzó en la Comisión de Legislación, donde se tramitaba el expediente S-06/25, un proyecto para derogar las ordenanzas de donación (4811 y 5783) de una fracción del Lote Rural 34 a favor de SOETFOR. Las inspecciones municipales de 2007, 2011, 2017 y mayo de 2026 constataron que el inmueble continuaba baldío y sin las obras comprometidas, por lo que el Banco de Tierras Municipal recomendó restituirlo al patrimonio fiscal.
A pesar de existir una constancia de reunión del 8 de septiembre y una nota de Segovia solicitando incorporar el tema con dictamen favorable en la sesión del 9 de septiembre de 2026, el expediente fue excluido a último momento del Orden del Día. Por este motivo, Evans pidió a la Justicia determinar si existió una maniobra deliberada para frenar su tratamiento o si se trató de una omisión administrativa.
Sospechas de información privilegiada e intereses inmobiliarios
Una semana después, el 16 de septiembre, ingresó el expediente S-14/26 presentado por Hugo Jara, congresal de SOETFOR, para solicitar una prórroga sobre la concesión del predio. La coincidencia temporal encendió las alarmas de la oposición, que pidió investigar si representantes del gremio accedieron a información privilegiada para frenar la restitución del terreno.
Entre las medidas de prueba, el edil solicitó secuestrar los expedientes originales (S-06/25, S-14/26 y E-08/26), actas, registros informáticos, versiones taquigráficas y el registro audiovisual de las sesiones, incluyendo un video de YouTube donde figuraría el secretario legislativo José Recalde. Asimismo, planteó como hipótesis que detrás de las maniobras podría existir un eventual interés inmobiliario vinculado al valioso inmueble municipal.
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