Zaiser: "Los porcentajes se dan sobre el sueldo de febrero, no sobre lo que se percibe actualmente"

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Carla Zaiser, cuestionó duramente el aumento salarial del 15% anunciado por el Gobernador para los empleados estatales. Según sostuvo la legisladora, la medida tendrá un impacto significativamente menor al publicitado debido a que el porcentaje de cálculo tomará como base de referencia los haberes liquidados en febrero y no los salarios vigentes.

Zaiser detalló que el incremento se otorgará en tres tramos del 5%, aplicándose exclusivamente sobre la masa salarial del segundo mes del año. Para ilustrar la situación, la legisladora puso como ejemplo el caso de un trabajador del escalafón más bajo de la administración pública, quien en febrero cobraba alrededor de $880.000 y actualmente percibe cerca de$ 1 millón, evidenciando así que el ajuste excluye la actualización acumulada en los últimos meses.

"Los porcentajes se dan sobre el sueldo de febrero, no sobre lo que se percibe actualmente", sostuvo Zaiser. En ese sentido, estimó que el primer tramo representará únicamente alrededor de un 4,4% de mejora sobre el salario real de hoy, por lo que el incremento efectivo acumulado al final del período terminará siendo marcadamente inferior al 15% anunciado.

El deterioro del poder adquisitivo y la brecha previsional

En su análisis sobre el contexto socioeconómico, la legisladora advirtió sobre el constante impacto inflacionario y la suba generalizada de las tarifas de los servicios públicos. Según indicó, hoy en día las familias deben destinar una porción sustancialmente mayor de sus ingresos para saldar las facturas de electricidad, agua y gas, en un escenario donde los salarios no evolucionaron al mismo ritmo.

Asimismo, hizo especial hincapié en la particularidad que atraviesa el sector docente, derivada de la compleja composición de sus sueldos y la fuerte incidencia de las sumas no remunerativas. Esta estructura salarial genera una brecha considerable entre los ingresos de los empleados en actividad y los pasivos.

De acuerdo con sus precisiones, un docente jubilado percibe actualmente cerca de $ 700.000, mientras que un policía retirado cobra alrededor de $ 600.000. Al considerar estos montos como sumamente insuficientes para afrontar el costo de vida actual, la diputada remarcó que muchos educadores se ven forzados a postergar su retiro formal al no poder sostenerse con el haber previsional.

Endeudamiento, empleo joven y crisis social

Por otro lado, la referente radical enfatizó que la pérdida general de capacidad de compra promueve un creciente endeudamiento en la población. Esta problemática no solo afecta a los hogares, sino también a las pequeñas y medianas empresas, las cuales recurren habitualmente al financiamiento no para realizar inversiones productivas, sino para cubrir costos operativos esenciales como alquileres y sueldos.

Ante esta realidad, Zaiser reclamó la instrumentación de líneas de crédito con tasas más accesibles, cuestionando con dureza las alternativas del mercado financiero actual. Al respecto, alertó que se registran préstamos bancarios con tasas cercanas al 120%, mientras que en el ámbito de las billeteras virtuales los costos financieros totales se disparan entre un 400% y un 1.000%.

En simultáneo, alertó sobre la grave falta de oportunidades laborales para la juventud, graficada en las extensas filas de solicitantes cada vez que un comercio local busca personal. Para revertir la imposibilidad que enfrentan los jóvenes de proyectar un futuro en la provincia, la legisladora propuso fomentar la radicación de inversiones privadas, fortalecer a las cadenas productivas y brindar facilidades crediticias al sector productivo. "Hay que generar las condiciones para que se puedan instalar empresas", afirmó.

Finalmente, Zaiser vinculó la recesión económica y la falta de horizontes profesionales con un profundo malestar social que desemboca en problemáticas de salud mental y adicciones. En esa línea, remarcó que se encuentra trabajando activamente en iniciativas sobre consumo problemático —una realidad que golpea a numerosos hogares— y concluyó que el Estado debe dar una respuesta integral que aborde estructuralmente las causas económicas y sociales de la crisis.