La Cámara Federal de Resistencia ordenó restituir en sus cargos a tres decanos de la UNaF

La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar presentada por Alfredo Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Aníbal Martínez, y ordenó a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) restituirlos de manera urgente en sus respectivos cargos de decanos y en las funciones que desempeñaban como integrantes del Consejo Superior. La decisión fue firmada el 5 de noviembre de 2026 y tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En este sentido, el fallo judicial suspende los efectos de la resolución del Consejo Superior que había declarado la nulidad de las elecciones realizadas el 13 de diciembre de 2024, mediante las cuales los tres funcionarios habían sido elegidos para conducir las facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios (FAEN) y Recursos Naturales. Los jueces entendieron que mantener vigente la decisión cuestionada podía modificar la composición de los órganos de gobierno universitario y generar consecuencias de difícil reparación posterior. Al respecto, en los fundamentos del fallo, el tribunal sostuvo: "El mantenimiento de la situación existente con anterioridad al dictado del acto resulta ser una medida razonable con miras a conservar el status quo de hecho y/o derecho detentado hasta tanto se resuelva el presente recurso directo". Asimismo, la resolución consideró acreditado el peligro en la demora, teniendo en cuenta que la situación podía afectar el funcionamiento de las tres facultades y la integración del Consejo Superior, órgano central del cogobierno universitario.

El origen del conflicto por las elecciones de 2024 y los argumentos de las partes

La controversia se inició cuando el Consejo Superior de la UNaF, mediante la Resolución HCS N° 046/2026, declaró la nulidad absoluta e insanable de las elecciones de decanos realizadas en diciembre de 2024. Esta decisión se fundamentó en un dictamen de la Secretaría General Legal y Técnica, que cuestionó el cumplimiento de los requisitos estatutarios de elegibilidad de los tres candidatos, sosteniendo que no reunían la condición de ser o haber sido profesores ordinarios por concurso de una universidad nacional. La UNaF argumentó que ese requisito constituye una condición obligatoria para acceder a los decanatos, de acuerdo con la Ley de Educación Superior y el Estatuto Universitario vigente al momento de las elecciones, añadiendo que los candidatos conocían esa situación y que la declaración de nulidad respondía al ejercicio de las facultades de control y autotutela administrativa de la institución.

Por su parte, Olmedo, Sanabria y Martínez cuestionaron la competencia del Consejo Superior para anular las elecciones y señalaron que los comicios habían sido realizados, fiscalizados y proclamados por los órganos electorales correspondientes. Además, recordaron que el propio rector había reconocido sus designaciones mediante las resoluciones rectorales 2047, 2049 y 2053, todas del 29 de agosto de 2025. Los demandantes plantearon que, una vez notificados y ejecutados los actos administrativos que reconocieron sus designaciones, la Universidad no podía revocarlos unilateralmente sin recurrir a los mecanismos legales correspondientes, señalando que la discusión debía contemplar la aplicación del artículo 17 de la Ley 19. 549 y la eventual necesidad de promover una acción judicial de lesividad.

La vía utilizada por la Universidad y el alcance de la restitución urgente

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que la Cámara no resolvió todavía si las elecciones de 2024 fueron válidas o si los decanos cumplían efectivamente con todos los requisitos estatutarios, aclarando que la medida cautelar no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia. De esta forma, la cuestión principal será determinar si la Universidad podía declarar la nulidad de los actos electorales mediante una resolución administrativa o si debía acudir a la Justicia. Sobre este punto, la resolución judicial precisa: "Al tratar la cuestión de fondo se habrá de decidir en punto al límite de la potestad anulatoria de la administración por razones de ilegitimidad y la normativa aplicable".

En la parte resolutiva, la Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender los efectos de la resolución cuestionada. Asimismo, dispuso que la Universidad Nacional de Formosa restituya de manera urgente a Alfredo Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Aníbal Martínez en sus respectivos decanatos y en sus funciones dentro del Consejo Superior. Esta medida deberá cumplirse previa presentación de una caución juratoria por parte de los interesados y permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. De esta manera, la Justicia dispuso restablecer provisoriamente la situación institucional anterior a la decisión del Consejo Superior, mientras continúa el proceso judicial que deberá determinar la legalidad de las elecciones y el alcance de las facultades de las autoridades universitarias para revisar aquellos actos.