Aulas sin pantallas: Formosa busca prohibir el uso de celulares en las escuelas
La Legislatura debate un proyecto para restringir dispositivos móviles en primaria y secundaria. El objetivo es frenar las distracciones y recuperar la concentración en el proceso de aprendizaje.
Este jueves, la Legislatura de Formosa pondrá bajo la lupa un proyecto de ley que marca un antes y un después en la cotidianidad escolar: la restricción estricta de teléfonos celulares en los establecimientos educativos. La iniciativa propone un esquema diferenciado por niveles, buscando erradicar la presencia de pantallas en los años de formación básica y regular su uso en la adolescencia.
Para los niveles inicial y primario, el texto es contundente y establece una prohibición total. Los alumnos no podrán llevar dispositivos a la escuela, salvo casos excepcionales y justificados que cuenten con el aval de los directivos. La única ventana permitida será para actividades pedagógicas específicas que hayan sido planificadas previamente y notificadas a los padres.
Entre la restricción y el uso pedagógico
En el nivel secundario, la normativa propone un matiz de convivencia. Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos, pero deberán permanecer guardados y fuera de la vista durante el horario de clase. El acceso al dispositivo quedará estrictamente supeditado a la autorización del docente, quien podrá habilitarlo solo si la planificación educativa así lo requiere.
El espíritu de la ley no es solo prohibir por prohibir, sino atacar el déficit de atención generado por las notificaciones constantes y el uso recreativo en clase. Según el proyecto, se busca garantizar que el entorno del aula vuelva a ser un espacio centrado exclusivamente en los contenidos y la interacción humana.
Inclusión, excepciones y nuevos acuerdos
Un punto clave del proyecto es la mirada inclusiva, ya que contempla excepciones para alumnos con discapacidad o condiciones de salud que requieran de la tecnología como herramienta de apoyo. En estos casos, el uso estará garantizado mediante una coordinación previa entre la familia y la institución.
Lejos de ser una medida impuesta de forma rígida, la ley prevé que cada escuela elabore sus propios acuerdos de convivencia. Esto permitirá que directivos, docentes y familias adapten la normativa a su realidad institucional. Además, se impulsarán capacitaciones docentes para que la transición hacia una escuela con "menos pantallas y más aprendizaje" sea efectiva y acompañada por toda la comunidad educativa.
