Celulares en el aula: Docentes de Formosa reclaman una ley provincial ante el vacío legal

Javier Vargas, vicedirector del Colegio Gobernador Juan José Silva de la ciudad de Formosa, planteó la urgente necesidad de sancionar una ley provincial que regule el uso de teléfonos móviles en las instituciones educativas. Según el directivo, un marco legal de este tipo brindaría criterios unificados y, fundamentalmente, el respaldo necesario para que los docentes puedan intervenir sin temor a represalias legales o administrativas al intentar mantener el orden en el aula.

Actualmente, la institución se rige por un protocolo interno incluido en los acuerdos escolares de convivencia. Esta normativa establece que el uso del celular está estrictamente restringido y solo se permite con fines pedagógicos, bajo la previa autorización del docente a cargo. Sin embargo, Vargas reconoció que, en la práctica cotidiana, esta regla es difícil de cumplir debido a la inseguridad jurídica que sienten los educadores frente a las posibles reacciones de las familias.

El temor a las denuncias y el proceso judicial

Uno de los puntos más críticos señalados por el directivo es la vulnerabilidad del docente. Vargas reveló que ya se han registrado casos donde profesores fueron denunciados penalmente solo por el hecho de retener un dispositivo móvil a un estudiante. «Aunque finalmente no se aplique una sanción, el solo hecho de tener que atravesar un proceso judicial genera una situación de angustia e incomodidad que paraliza la autoridad docente», explicó.

El protocolo del colegio contempla distintos niveles de faltas. Las leves incluyen el uso indebido en horas de clase, lo que deriva en advertencias y notificaciones a los tutores. No obstante, existen situaciones de mayor gravedad, como la filmación de compañeros o docentes sin consentimiento y su posterior difusión en redes sociales. Estos actos pueden derivar en medidas disciplinarias severas o incluso en la intervención de organismos externos, pero la falta de una ley hace que cada escuela deba lidiar con estas crisis de manera aislada.

Hacia un criterio unificado y pedagógico

Para el directivo, la ausencia de un marco común en toda la provincia genera desigualdades entre las instituciones y provoca reclamos constantes de los padres, quienes comparan los criterios de una escuela con otra. Una ley provincial permitiría establecer con absoluta claridad en qué circunstancias y bajo qué métodos un docente puede intervenir sobre un dispositivo sin quedar expuesto a una denuncia por vulneración de derechos o propiedad privada.

Finalmente, Vargas aclaró que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino regularla para que no interfiera en la enseñanza. «El celular es una herramienta sumamente útil dentro de un proyecto educativo planificado, pero fuera de ese marco se convierte en un elemento de distracción que interrumpe el proceso de aprendizaje», concluyó, subrayando que la normativa debe servir para proteger tanto el derecho a estudiar como la integridad profesional de los trabajadores de la educación.