Causa Fentanilo: Peritan en Formosa a pacientes afectados por lotes contaminados
La Justicia Federal busca determinar las secuelas de la droga adulterada en al menos tres pacientes locales. El juez Ernesto Kreplak ampliará las indagatorias a los 14 imputados en una causa que ya registra 111 muertes a nivel nacional.
La investigación por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina sumó un capítulo clave en Formosa. Entre el 27 de marzo y el 1 de abril, peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema realizaron evaluaciones médicas en la sede del Juzgado Federal N° 2 a pacientes que estuvieron expuestos a la sustancia.
El objetivo central de estos estudios es determinar la gravedad de las lesiones y la existencia de secuelas en los afectados, aportando pruebas fundamentales para el expediente que lidera el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
El escenario en Formosa
Formosa fue una de las cuatro jurisdicciones (junto a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) donde se activó el "Plan de Recupero Judicial". Este operativo, coordinado por la Policía Federal, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la ANMAT, tuvo como fin retirar y resguardar las ampollas de los lotes bajo sospecha en centros de salud locales.
Dato Clave: Las pericias actuales se realizaron sobre al menos tres pacientes formoseños para graduar el impacto del fármaco en su salud.
Avances de la causa judicial
El avance de la investigación ha permitido identificar una red de 187 entidades (droguerías y clínicas) vinculadas a la distribución, de las cuales 40 habrían recibido directamente las unidades adulteradas.
Próximos pasos: En abril, el juez Kreplak ampliará las indagatorias a los 14 imputados.
Situación de los acusados: Actualmente hay cuatro detenidos y dos bajo arresto domiciliario.
Laboratorios involucrados: Los procesamientos ya alcanzan a los responsables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
Imputaciones y penas
El despliegue pericial a nivel nacional es masivo: se analizan 160 historias clínicas de personas fallecidas y sobrevivientes. Los acusados enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales, agravados por el peligro para la salud pública.
De ser hallados culpables, las penas podrían oscilar entre los 10 y 25 años de prisión, reflejando la gravedad de un caso que ha puesto en alerta máxima al sistema sanitario argentino.
