Montoya:"La provincia coparticipa apenas el 10%, mientras que en provincias vecinas ese porcentaje es mucho mayor"
El diputado provincial aseguró que el problema no es económico y reclamó una intervención urgente del Gobierno provincial para evitar que los trabajadores municipales sigan siendo perjudicados por internas y decisiones discrecionales.
El diputado provincial Miguel Montoya se refirió a la delicada situación que atraviesan los empleados municipales de Gran Guardia y sostuvo que el conflicto salarial que afecta a la localidad tiene un trasfondo político y estructural, más que estrictamente financiero.
Montoya explicó que, junto a otras legisladoras, visitó la localidad luego de recibir reiterados reclamos por parte de los trabajadores comunales. Durante la recorrida, señaló que no lograron mantener un encuentro con el intendente, aunque sí dialogaron con funcionarios del Ejecutivo municipal y con concejales del Concejo Deliberante.
Según el legislador, el conflicto se ve agravado por una interna política entre el Ejecutivo local y el Concejo Deliberante, una situación que termina impactando de lleno en los empleados municipales. "En el medio queda la gente, que no sabe si va a cobrar o no", advirtió, al describir el clima de incertidumbre que se vive entre los trabajadores.
Montoya también apuntó a la estructura del Estado municipal, al señalar que Gran Guardia presenta una planta sobredimensionada en relación con su cantidad de habitantes, con una fuerte dependencia del empleo público como principal fuente de ingresos para gran parte de la población.
En ese marco, cuestionó con dureza el sistema de coparticipación provincial, al considerar que la escasa proporción de recursos que reciben los municipios limita severamente su capacidad de gestión. "La provincia coparticipa apenas el 10%, mientras que en provincias vecinas ese porcentaje es mucho mayor", afirmó.
Para el diputado, este esquema favorece un manejo discrecional de los fondos, condiciona la autonomía de los intendentes y termina perjudicando tanto a los trabajadores como a las comunidades del interior.
Finalmente, Montoya minimizó el costo económico de la solución y aseguró que el desfasaje salarial que originó el conflicto "se soluciona con diez millones de pesos", una cifra que calificó como insignificante frente a otros gastos del Estado provincial. En ese sentido, reclamó una intervención urgente de las autoridades provinciales y sostuvo que los empleados municipales "no pueden ser rehenes de internas políticas ni de decisiones discrecionales".
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