Trabajadores:"las medidas disciplinarias no buscan garantizar el funcionamiento de la comuna sino aplicar un correctivo al reclamo"

La localidad de Gran Guardia atraviesa una de las crisis laborales más profundas de los últimos años. En apenas 48 horas, un reclamo pacífico por salarios adeudados derivó en un conflicto abierto entre el Ejecutivo comunal y sus trabajadores, con denuncias de persecución, sanciones disciplinarias y decisiones administrativas que, según los empleados, vulneran derechos constitucionales básicos.

El conflicto se desató cuando los agentes municipales Román Sanabria, Mario Castillo, Carolina Quiñones, Eva Quiñones, Cristian Moreyra, Hermelinda Cabrera y Perla López resolvieron declararse en asamblea permanente y huelga laboral, exigiendo el pago de haberes atrasados que impactan de manera directa en la subsistencia de sus familias.

Lejos de abrir una instancia de diálogo, los trabajadores denuncian que la respuesta oficial fue el endurecimiento de las medidas. Afirman que se les impidió firmar las planillas de asistencia y que incluso se adoptaron acciones físicas para restringir el acceso a los lugares de trabajo, entre ellas el retiro del portón de ingreso al predio comunal, un gesto que fue interpretado como un acto de exclusión y presión.

En ese contexto, se hicieron presentes la funcionaria Laura Rivero y el contador público Lázaro Caballero, quienes notificaron a los empleados sobre la apertura de expedientes disciplinarios por supuesta falta de prestación de servicios. Los trabajadores sostienen que se está desconociendo el derecho constitucional a la huelga y cuestionan además la pasividad del dirigente gremial Koki Zarza, a quien acusan de no defender los derechos de los afiliados que representa.

Uno de los aspectos que mayor indignación generó en la comunidad es la situación de la empleada Perla López, quien se encuentra cursando un embarazo. Según denunciaron sus compañeros, la trabajadora no recibió ninguna adecuación de tareas acorde a su estado ni consideración especial por parte de las autoridades, y fue nuevamente sancionada en el marco del conflicto.

Abogados laboralistas de la región advierten que la falta de asignación de tareas livianas y la aplicación de sanciones disciplinarias a una mujer embarazada podrían constituir una grave vulneración de las normas de protección a la maternidad y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Para los empleados afectados, las medidas adoptadas por la Comisión de Fomento no buscan garantizar el normal funcionamiento de la comuna, sino disciplinar a quienes reclaman derechos básicos. En ese sentido, califican el accionar oficial como una represalia destinada a desalentar futuras protestas.

Como respaldo de sus denuncias, los trabajadores difundieron una notificación oficial fechada el 28 de enero de 2026, en la que se los acusa de "abandono de trabajo" y se anticipa la aplicación de sanciones conforme al régimen disciplinario vigente. Este punto constituye el eje central del conflicto legal, ya que los agentes aseguran que se encontraban presentes en el lugar de trabajo, participando de una medida de fuerza legítima y previamente comunicada.

Mientras la administración comunal se ampara en normas internas para justificar su accionar, los trabajadores advierten que se trata de un intento de silenciar el reclamo salarial mediante el miedo y la sanción administrativa. La situación en Gran Guardia continúa en estado de alerta, y no se descarta la presentación de denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia Federal.