Piñeiro:"Los dos intendentes a los que Gildo Insfrán les teme políticamente son, casualmente, los que menos recursos reciben"

El ex concejal de la ciudad de Formosa y referente de la oposición, Gerardo Piñeiro, decidió romper el silencio y presentar un análisis detallado de los números que maneja el Ministerio de Economía provincial. Su exposición dejó al descubierto una realidad que desde hace años circula como sospecha, pero que ahora aparece respaldada por cifras concretas: la utilización de la coparticipación como un mecanismo de premios y castigos políticos.

A través de una publicación en sus redes sociales, Piñeiro no solo cuestionó la legalidad del esquema de distribución, sino que también puso en tela de juicio la dimensión ética de una gestión que —según denunció— utiliza la falta de recursos, servicios y obras públicas como una herramienta para disciplinar políticamente a municipios y comunidades enteras.

El discurso oficial bajo la lupa

Para el dirigente radical, el relato gubernamental basado en la "justicia social" y la equidad territorial se desmorona al analizar las transferencias per cápita. "En Formosa no hay igualdad ni justicia social en el reparto de la riqueza pública", sostuvo Piñeiro, quien afirmó que el sistema vigente responde a una lógica de sometimiento.

"El Gobierno de la Provincia decide cuánto valen los formoseños según dónde viven y cuán servicial es su intendente al modelo de Gildo Insfrán", denunció. En ese marco, advirtió que las autonomías municipales quedan reducidas a una ficción administrativa, supeditadas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo provincial. Su diagnóstico fue contundente: "Solo hay látigo y discrecionalidad".

Las Lomitas, símbolo de la asfixia financiera

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la situación de Las Lomitas, localidad estratégica del centro provincial que, según Piñeiro, se convirtió en el emblema del castigo político. El dirigente atribuyó la drástica reducción de fondos a una represalia directa por la postura política de su intendente.

"A los vecinos de Las Lomitas se les niegan recursos que les corresponden por ley únicamente porque su intendente no responde al oficialismo provincial y mantiene vínculos con el Gobierno Nacional", afirmó. Según su análisis, esta decisión impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias, afectando obras, servicios y la capacidad de gestión municipal.

Una brecha difícil de justificar

Piñeiro acompañó su denuncia con una comparación de fondos mensuales por habitante que expone una disparidad que calificó como "inexplicable desde cualquier criterio técnico o demográfico".

Entre los municipios con mayor asignación per cápita figuran:

Fortín Lugones: $147.904,91 por habitante
Pastoril: $124.657,50
San Hilario: $111.538,05
Los Chiriguanos: $98.375,91
Gran Guardia: $95.151,47

En el extremo opuesto se encuentran los municipios más poblados y críticos del oficialismo. "Las Lomitas, con más de 22.000 habitantes, es el municipio que menos fondos recibe por habitante en toda la provincia", señaló Piñeiro, con apenas $16.374,09 por persona. Incluso Formosa Capital, con $22.170,58, se ubica apenas por encima, lo que —según el dirigente— demuestra que el sistema castiga a los centros urbanos con mayor peso político y social.

El factor electoral y la mirada en 2027

Para Piñeiro, este esquema no es casual ni improvisado. Sostuvo que la distribución desigual responde a un cálculo político con la vista puesta en las elecciones de 2027. "Los dos intendentes a los que Gildo Insfrán les teme políticamente son, casualmente, los que menos recursos reciben", afirmó.

El dirigente advirtió que esta estrategia de desfinanciamiento tiene consecuencias concretas: calles sin pavimentar, deficiencias en la recolección de residuos, falta de iluminación y servicios básicos deteriorados. "No se castiga a un intendente; se castiga a los vecinos", subrayó.

Un reclamo por transparencia y legalidad

La denuncia concluye con un llamado a la ciudadanía a exigir transparencia y reglas claras. Piñeiro cuestionó que el actual esquema de coparticipación "no es justo, no es equitativo, no es transparente y no se apoya en criterios objetivos".

"Todos tenemos derecho a saber cómo reparte el gobernador Gildo Insfrán los fondos de la coparticipación nacional", reclamó. Y cerró con una definición política de alto voltaje: "Formosa no es una estancia. Los recursos son de la gente, no del poder", dejando abierta la puerta a eventuales acciones judiciales para exigir un reparto basado en datos censales y necesidades reales, y no en lealtades partidarias.