EL PRESTIGIOSO ABOGADO PENALISTA RICARDO ESCOBIO ANALIZARÍA IMPUTAR A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DELIBERANTE
Tras el polémico dictamen fiscal que pretendió cerrar la investigación contra el intendente Cañiza bajo el pretexto de que sus cuentas fueron aprobadas, el reconocido letrado evaluaría extender la acusación penal a los ediles por presunta complicidad y encubrimiento.
El intento de blindaje político y judicial en torno a la gestión municipal de Clorinda sumó una derivación de alto impacto procesal. Ante el dictamen de la fiscalía local que consideró que "nada se debe investigar" porque el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del intendente Ariel Cañiza, el prestigioso abogado penalista Ricardo Escobio analizaría dar un paso determinante: solicitar la imputación formal de los concejales que convalidaron dicho balance.
La estrategia jurídica de Escobio apunta a derribar una falacia procesal habitual: confundir un mero trámite administrativo o político con una causa de justificación penal. La aprobación formal de balances jamás opera como una amnistía frente a delitos de acción pública como la administración fraudulenta o la malversación de caudales.
Las figuras penales bajo la lupa técnica
La intervención de los ediles que levantaron la mano para dar por válidos gastos y contrataciones con sobreprecios siderales —como obras insignificantes cotizadas en decenas de millones de pesos— encuadra en conductas que el Código Penal castiga con severidad:
Participación necesaria (art. 45 CP): Si la aprobación de números manifiestamente inflados formó parte del engranaje necesario para consumar el perjuicio a las arcas públicas, los concejales dejan de ser meros legisladores y pasan a tener rol de partícipes en la maniobra defraudatoria.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP): El mandato legal de los ediles exige el control real de legalidad y razonabilidad del gasto comunal, una obligación que resulta flagrantemente violada al convalidar montos que no resisten el menor cotejo de mercado.
Encubrimiento agravado (art. 277 CP): Brindar cobertura institucional deliberada para clausurar la persecución penal de un delito previo cometido por otro funcionario público.
Efecto directo sobre la causa federal de lavado
La avanzada penal que evalúa el Dr. Escobio desarma de raíz la maniobra de archivo en la justicia ordinaria y refuerza la línea de la causa que tramita en el fuero Federal.
La Justicia Federal investiga de manera autónoma el presunto lavado de activos (art. 303 CP) derivado del origen de los fondos utilizados para construir la ostentosa vivienda de tres plantas del jefe comunal. Que una mayoría política local apruebe papeles contables no justifica la procedencia económica de las inversiones personales ni exime a los concejales de responder ante los estrados si facilitaron el desvío de los recursos públicos.
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