INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORMOSEÑA SE INTERESAN POR ACUSAR EN UN JURADO DE ENJUICIAMIENTO A LA FISCAL Y A LA JUEZA DEL CASO CAÑIZA
Frente al escandaloso intento de clausurar la investigación contra el intendente de Clorinda mediante argumentos insostenibles, diversos sectores comunitarios y profesionales analizan promover el Jury contra las funcionarias judiciales por mal desempeño y denegación de justicia.
El intento de archivar la causa por presunta malversación y sobreprecios que involucra al intendente Ariel Cañiza desató un profundo malestar institucional. Integrantes de la sociedad civil formoseña, junto a profesionales del derecho, analizan formalizar una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la fiscal y la jueza intervinientes en Clorinda, al considerar que su accionar configura un cuadro manifiesto de mal desempeño en sus funciones.
El detonante fue el dictamen fiscal que pretendió dar por cerrada cualquier pesquisa penal bajo el argumento de que el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas municipal. Para los promotores de la iniciativa, equiparar una aprobación política de números con una amnistía penal contradice de forma flagrante las normas básicas del Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los fundamentos de la acusación en análisis
La presentación ante el órgano de enjuiciamiento se sustentaría en pilares técnicos de gravedad institucional:
Omisión maliciosa de investigar: Dar por cerrado un expediente que involucra cifras millonarias sin haber ordenado una sola pericia contable, inspección técnica de obra ni tasación de mercado constituye una renuncia deliberada a la acción penal pública.
Desconocimiento inexcusable del derecho: Confundir el control administrativo de un cuerpo legislativo local con la extinción de delitos como la administración fraudulenta o la malversación de caudales públicos roza la figura de prevaricato judicial.
Incumplimiento de compromisos internacionales: Las convenciones de la OEA y de la ONU contra la corrupción obligan a los operadores judiciales a tutelar los fondos públicos de manera exhaustiva, prohibiendo clausuras ficticias que consagren la impunidad.
Un blindaje que deja huellas documentales
Aunque los impulsores de la medida reconocen que los resortes disciplinarios locales suelen responder a lógicas de protección política, señalan que promover el Jury es una herramienta cívica indispensable.
La acusación no solo obligará a las autoridades del Jurado de Enjuiciamiento a pronunciarse y quedar expuestas ante la opinión pública, sino que también dejará formalmente acreditada la falta de garantías procesales e imparcialidad en el fuero provincial. Dicho cuadro constituye un antecedente clave que robustece la intervención de la Justicia Federal, donde la causa por presunto lavado de activos sobre el origen del dinero del intendente continúa abierta y fuera del alcance del blindaje local.
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