LA CONDENA DEL EX GOBERNADOR URRIBARRI ES EL MEJOR EJEMPLO DE LO QUE VENIMOS AFIRMANDO
El Tribunal de Cuentas de la provincia y la justicia penal operan en ámbitos completamente distintos, por lo que la aprobación de las rendiciones de cuentas de la gestión de Sergio Urribarri no impidió en absoluto su condena en los tribunales.
El exgobernador de Entre Ríos fue condenado a ocho años de prisión por desvío y direccionamiento de fondos públicos, una pena que quedó firme tras un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y aquí viene el meollo de la cuestión la diferencia entre el control administrativo y el delito penal
La aparente contradicción se explica por el alcance y la naturaleza de las funciones de cada órgano:
El Tribunal de Cuentas (Control Administrativo): Su función principal es eminentemente técnica, formal y contable. Revisa que las facturas estén presentadas, que los números cierren aritméticamente, que las partidas provengan del presupuesto correcto y que se cumplan las formalidades de las leyes de contabilidad.
Una aprobación de este órgano significa que los papeles administrativos "están en regla", pero no tiene la potestad ni las herramientas de investigación para detectar maniobras criminales complejas.
La Justicia Penal (Investigación de Delitos): Los fiscales y jueces investigan conductas delictivas utilizando herramientas distintas (como allanamientos, cruces de llamadas, pericias informáticas y declaraciones de testigos). El juicio penal demostró la existencia de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, lo que determinó la condena judicial
La investigación judicial comprobó que, detrás de las rendiciones formalmente aprobadas, existía una matriz de corrupción que incluía:
Cartelización y desvío: Se direccionaron millonarios contratos de publicidad oficial hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Urribarri (como su cuñado Juan Pablo Aguilera), utilizando un esquema de testaferros.
Financiamiento de campañas particulares: Se usaron fondos del Estado provincial para financiar el "Sueño Entrerriano" (la campaña presidencial de Urribarri en 2014) mediante la contratación de paradores playeros y spots publicitarios simulados.
Por esta razón, la jurisprudencia argentina establece de manera uniforme que el dictamen administrativo de un Tribunal de Cuentas no tiene efecto de "cosa juzgada" en el fuero penal. Una cuenta puede estar perfectamente balanceada en los papeles del organismo de control, pero haber sido el vehículo para cometer un delito económico contra el Estado.
