Imputan a la presidenta del Tribunal de Cuentas por presunta estafa procesal en un escándalo que sacude a Formosa
Un nuevo capítulo en un escándalo que se arrastra desde hace años sacude a la provincia de Formosa. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Miriam Esther Radrizzani, fue formalmente imputada por la justicia penal provincial por el presunto delito de estafa procesal mediante la utilización de documento privado falso equiparado a instrumento público. La acusación también recae sobre Jacqueline, una mujer que se desempeñaba como su empleada doméstica. La noticia fue revelada en el programa radial "Una Cuestión de FEr", conducido por el periodista Fernando López.
El largo litigio por la posesión de un inmueble
La génesis de esta grave imputación se remonta a una causa judicial de 11 años de antigüedad, relacionada con un inmueble ubicado en la avenida Pueyrredón y Gutniski. Según consta en los expedientes, Radrizzani habría usurpado este terreno para construir un quincho y una pileta. En agosto de 2022, tras una larga batalla legal, la justicia ordenó el desalojo de la funcionaria a favor de Olga Duarte, quien se identificaba como la legítima propietaria. La decisión judicial fue tomada por la jueza Claudia Fabiola Pérez Grepo, que subrogaba el Juzgado Civil y Comercial número 5.
La orden de desalojo, que marcaba el final de una larga espera para los propietarios, se vio momentáneamente frustrada por una presunta maniobra orquestada por la funcionaria y su empleada.
Un contrato de alquiler «deliberadamente fabricado»
El 29 de junio de 2022, un día antes de la fecha fijada para el desalojo, se presentó un documento ante la justicia: un supuesto contrato de locación entre Radrizzani y Jacqueline, fechado en abril de 2021. La defensa de Radrizzani solicitó una habilitación de día y hora, argumentando que la empleada y sus hijos menores de edad habitaban la propiedad.
Según la fiscal Claudia Ontiveros, este contrato "habría sido fabricado deliberadamente con el único fin de suspender la orden de desalojo". La maniobra surtió efecto y el desalojo se prorrogó por diez días, permitiendo a Radrizzani ganar tiempo.
La evidencia del engaño y la confesión de la empleada doméstica
La falsedad del contrato se hizo evidente durante el operativo de desalojo. Las autoridades no encontraron ropas, zapatos ni útiles escolares de los menores, lo que demostró que el alquiler era "un hecho simulado para hacer caer en error al juez civil".
El expediente judicial detalla un testimonio clave: el de la empleada doméstica, Jacqueline. Ella admitió haber trabajado para Radrizzani desde los 14 años y reveló que el día del desalojo, la funcionaria la contactó telefónicamente para que se presentara en la propiedad con sus hijos. La propia Jacqueline confesó que Radrizzani le "insistió en que no saliera bajo ningún motivo y que se encerrara en la pieza con los chicos", con la intención de evitar la orden judicial y "estirar los tiempos procesales".
La responsabilidad ética y la posibilidad de un juicio político
La imputación, que incluye los cargos de violación de los artículos 172, 292 y 297 del Código Penal, genera una profunda preocupación ética, especialmente porque Radrizzani preside el organismo encargado de auditar las cuentas públicas de la provincia y sus municipios.
Además, el caso se enmarca en la nueva Constitución de Formosa, que en su capítulo tercero, artículo 193, establece que los funcionarios como la presidenta del Tribunal de Cuentas pueden ser sometidos a juicio político por "mal desempeño en ejercicio de sus funciones, o por presunto delito doloso". Esta última frase es crucial, ya que significa que "la sola presunción de la posibilidad de un delito doloso es causal de juicio político", sin necesidad de una condena firme.
La defensa de los denunciantes ha solicitado que la Dra. Radrizzani, quien no se presentó a una declaración indagatoria, comparezca por la autoridad policial. El escándalo pone a prueba la ética de la función pública y la aplicación de la nueva normativa provincial, mientras los diputados provinciales, recién juramentados, observan de cerca el caso.
La situación plantea serios interrogantes sobre la idoneidad de una funcionaria que enfrenta un proceso judicial por presunta falsificación de documentos y estafa. La sociedad formoseña espera una respuesta clara por parte de las autoridades, en un caso que demuestra la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa y transparente por parte de los responsables de la gestión pública.
