Catastro: "En total se le labraron siete actas de infracción por ese loteo y otros loteos más a la empresa Mi Primer Casa"

El director de Catastro y Tierras Fiscales del Municipio capitalino, Rubén Duré, expuso en detalle la compleja situación técnica y legal que atraviesan diversos proyectos inmobiliarios. Estas firmas continúan ofreciendo parcelas a familias formoseñas sin contar con los marcos de habilitación ni la infraestructura exigida por la normativa vigente.

El foco de la discusión pública reflotó a partir del descontento y la incertidumbre de cientos de vecinos que adquirieron parcelas bajo la promesa del acceso al suelo propio, particularmente a través de comercializadoras que prometían entregas en plazos perentorios. Al respecto, el funcionario municipal fue categórico al describir la imposibilidad técnica de dar curso favorable a las solicitudes de mensura bajo el esquema en el que fueron vendidas originalmente, explicando que los límites de cada zona urbana no son arbitrarios, sino que responden a un código de planeamiento diseñado para garantizar la habitabilidad y el ordenamiento territorial.

Duré detalló las razones legales por las cuales la Dirección de Catastro no puede otorgar el aval a los loteos impulsados por la firma «Mi Primer Casa», una de las principales señaladas en las actuaciones administrativas. Según precisó el funcionario, el impedimento radica en las dimensiones del fraccionamiento proyectado en una superficie calificada bajo una categoría específica dentro del ejido urbano.

«Esa es una zona de quinta y el mínimo que se puede parcelar en la zona de quinta es de 1000 m². Ellos vendieron 300 m²», explicó Rubén Duré.

El titular del área remarcó que, en su carácter de autoridad de aplicación, no dispone de margen discrecional para pasar por alto las ordenanzas vigentes.

«Por más que me presenten a mí, la ordenanza no me lo permite. O sea, no voy a aprobar. Estoy atado de pies y manos porque la ordenanza a mí no me permite dividir por esa superficie», añadió.

Frente a este escenario de estancamiento, la única vía institucional disponible para la empresa desarrolladora consiste en acudir al Poder Legislativo local para solicitar un tratamiento diferenciado. Sin embargo, la obtención de una norma excepcional no garantizaría de manera automática el visto bueno final del área técnica.

«La única posibilidad que ellos tienen para que se apruebe es que presenten una vía de excepción por el Concejo Deliberante, y el Concejo Deliberante a su criterio va a decidir si se les aprueba o no. Pero ponele que el Concejo Deliberante apruebe que sea de 300 m², ahí sí pasa por mi oficina, y yo mientras no tenga los servicios todos instalados, tampoco se le va a aprobar», advirtió Duré, marcando que la apertura de calles y la provisión efectiva de redes de agua potable y energía eléctrica son requisitos indispensables e ineludibles.

Infracciones, falta de servicios y denuncias en la Justicia penal

La fiscalización sobre estos emprendimientos ha derivado en múltiples sanciones que, según las autoridades, no han logrado frenar del todo la oferta comercial hacia el público. La comúnmente denominada «disponibilidad de servicio» —la garantía real de que los tendidos de luz y agua pasen por el frente de cada lote— brilla por su ausencia en terrenos icónicos como los ubicados en la zona de Los Búfalos, Secoto o Los Aromitos.

«En total se le labraron siete actas de infracción por ese loteo y otros loteos más a la empresa Mi Primer Casa. También se labraron cuatro actas de infracción más a otros propietarios y a otras inmobiliarias porque vendían parcelas que todavía no están aprobadas», precisó el director de Catastro.

A pesar de las actuaciones remitidas a la esfera del Juzgado de Faltas, la comuna constató la persistencia de mecanismos publicitarios y de cobro en cuotas a compradores que ignoran el estado real del trámite. El funcionario manifestó su preocupación ante el impacto social que genera esta dinámica comercial, dado que los adquirentes asumen compromisos económicos con la expectativa de tomar posesión en el corto plazo, desconociendo que los trámites no han superado las fases preliminares de factibilidad.

«Se le llevó al Juzgado de Faltas, pero por lo que yo veo siguen comercializando con esos terrenos. Encima se le prometió a la gente que en aproximadamente 12 meses ya le van a hacer entrega», señaló Duré, remarcando la brecha existente entre las promesas contractuales privadas y la realidad de los expedientes administrativos.

El punto de inflexión en el conflicto se sitúa en la estrategia de ventas implementada por la firma, la cual habría utilizado visados previos de empresas prestadoras de servicios para simular una aprobación municipal definitiva que nunca existió. Esta conducta motivó la recolección de pruebas de campo y testimonios directos para formalizar una denuncia ante la Justicia ordinaria.

«Mañana nos vamos a presentar ante la Justicia», ratificó Duré respecto de la presentación penal prevista contra la firma desarrolladora.

Explicó que el proceso demandó la recopilación de evidencia testimonial de adquirentes que fueron inducidos a error mediante material publicitario confeccionado a partir de planos no homologados para la venta.

«Junté más o menos ocho o nueve testigos a los que se les dijo eso. Incluso hay un video donde el plano que te digo lo hicieron en una gigantografía y con eso mostraban. Pero ese plano es un visado para Refsa y para Aguas de Formosa, no quiere decir que esté aprobado», detalló el funcionario.

La maniobra consistía en exhibir el sello de factibilidad técnica emitido por las distribuidoras de energía y agua como si fuera el decreto final de aprobación de la mensura loteada. Para respaldar las actuaciones y fundamentar las multas dentro del ámbito municipal, el organismo requirió la colaboración de los propios afectados, quienes debieron presentar la documentación firmada al momento de la adquisición.

«El juez de falta me dijo que no podés labrar un acta de infracción si no tenés una prueba real de que están vendiendo, y la única forma de probar es con el boleto de compraventa. Se acercó un montón de gente, no tuvieron problema en que saquemos una copia certificada de su boleto, y eso presenté en el expediente», confirmó Duré.

El riesgo de la escrituración y el precedente de la ocupación irregular.