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Miércoles 11 de Noviembre
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Zieseniss"Hemos hecho la denuncia y hemos aportado pruebas, videos donde se ve que una motoniveladora que está realizando esa obra, dice por la misma máquina ‘Ariel Marcelo Briñole, El Colorado Constructora"

Una grave presentación judicial vuelve a poner en el centro del debate público la administración de los fondos destinados a la obra pública en el interior provincial. La controversia roza de manera directa a la conducción municipal de El Colorado, donde se radicó formalmente una denuncia penal por un presunto entramado de contrataciones irregulares que favorecería de forma sistemática al entorno familiar del jefe comunal, vulnerando los principios fundamentales de ética, transparencia e imparcialidad en la gestión de los recursos estatales.

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El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Emanuel Zieseniss, ratificó en los tribunales formoseños las advertencias formuladas semanas atrás respecto del manejo de los proyectos viales en la localidad. El legislador comunal precisó los alcances de la acción legal iniciada para que la Justicia determine si existió la comisión de delitos de acción pública en la ejecución de infraestructura urbana con financiamiento estatal.

Denuncia penal y la tipificación de los delitos

La presentación ante los estrados judiciales apunta de forma específica al desarrollo y pavimentación de la avenida 11 de Febrero, un proyecto de envergadura cuya inversión total se estima en torno a los 800 millones de pesos. Según lo expuesto por la concejalía opositora, el proceso licitatorio y de asignación operativa careció de los resguardos normativos exigidos para evitar la colisión de intereses entre la función pública y la actividad empresarial privada.

"Antes de ayer me presenté en la justicia y radiqué la denuncia justamente por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita que serían los que se cometerían en este caso", aseveró Zieseniss durante la entrevista radial. El edil explicó que la administración pública tiene el deber constitucional de actuar con ecuanimidad en cada concurso o adjudicación: "Si hay algo que debe primar en la administración pública, sobre todo en las contrataciones, tiene que ver con la imparcialidad que debe tener el Estado y la transparencia".

El planteo judicial describe un circuito cerrado de decisiones donde los mismos actores institucionales intervienen en las distintas etapas del proceso. "Es la misma familia Briñole la que solicita la obra a través del intendente, la misma que autorizaría, es la empresa o las máquinas de ellos las que hacen la obra, y a su vez va a ser la misma familia la que reciba la obra; todo queda en familia", remarcó el concejal.

Junto con la denuncia escrita, la concejalía acompañó material audiovisual recopilado durante las inspecciones en el lugar de los trabajos. El material probatorio muestra a maquinaria vial pesada operando sobre la arteria en cuestión con rotulación comercial explícita que vincula directamente los equipos con los allegados al Ejecutivo local.

"Hemos hecho la denuncia y hemos aportado pruebas, videos donde se ve claramente que la máquina, una motoniveladora que está realizando esa obra, dice por la misma máquina ‘Ariel Marcelo Briñole, El Colorado Constructora’", argumentó Zieseniss. Sin embargo, el representante comunal manifestó su escepticismo respecto a la celeridad e independencia con la que puedan actuar los organismos jurisdiccionales locales frente a las figuras del poder político.

"Lamentablemente, acá en Formosa no se investiga al poder, no se investigan los hechos de corrupción. Ahora ya la cuestión está en la cancha de la justicia. Nosotros, desde nuestra parte como concejal en ejercicio de nuestras funciones, cuando observamos la posible comisión de un delito tenemos la obligación de denunciar", enfatizó, delimitando la responsabilidad del cuerpo deliberativo en el aporte de elementos de convicción.

Inequidad en el reparto, déficit de control y propuestas de reforma

Más allá de la eventual tipificación penal, el debate se traslada al terreno social y macroeconómico sobre cómo la concentración de partidas presupuestarias en un único grupo familiar inhibe el crecimiento comercial de la franja pyme en la localidad. Desde la oposición sostienen que el presupuesto destinado a obras de infraestructura debe distribuirse equitativamente para dinamizar la demanda agregada local.

"No es que estamos en contra de la obra pública, estamos a favor de la obra pública, pero que sea en beneficio de todos, no solamente de unos pocos, de los mismos de siempre", afirmó el edil. Al mismo tiempo, objetó la traza estratégica seleccionada para la pavimentación de la avenida 11 de Febrero: "Fíjense que no solo ellos hacen esta obra, sino que además los beneficia doblemente porque la obra desemboca en el boliche de ellos, que tiene una superficie de alrededor de 30 metros por 100 metros, y todo es en beneficio de ellos".

Frente a esta coyuntura, la bancada opositora trabaja en un proyecto de ordenanza para reformar el sistema de contrataciones en El Colorado. "Acá lo que se debe hacer para que la obra pública realmente signifique una inyección económica y genere mayor consumo es empadronar a las empresas que están en condiciones de realizar este tipo de obra. En El Colorado tenés al menos tres firmas además de la de ellos en condiciones de realizar distintos tramos. Se debería gestionar para que las distintas empresas puedan hacer cada una un tramo; de esa manera inyectás la economía porque esas empresas toman más personal, y esos trabajadores después gastan en el kiosco de la esquina, en la tienda de ropa o en la compra de electrodomésticos", contrapuso el referente legislativo.

El caso puesto de manifiesto en El Colorado expone además una problemática extendida en diversos municipios de la provincia: la omisión sistemática de los carteles obligatorios de obra pública. Esta falencia vulnera el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, impidiendo verificar los montos adjudicados, las firmas contratistas, el origen del financiamiento y las fechas estimadas de finalización.

"En este caso no existe ni siquiera un cartel mínimo de obra que debería existir, porque es un deber de las empresas. En el cartel de obra debe constar qué empresa va a realizar el trabajo, cuál es el plazo de realización y cuánto salió la obra, entre otros datos de interés", sostuvo Zieseniss. Para el concejal, la falta de señalización técnica refleja la degradación de las pautas mínimas de control: "Dos cosas deben primar en el manejo de la obra pública: una es la imparcialidad y la otra es la transparencia. Y ambas cuestiones brillan por su ausencia en la provincia de Formosa".

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