Zieseniss:"No puede la familia que gobierna estar de los dos lados del mostrador: generar la necesidad o plantear que existe una necesidad y después ser la misma familia la que a través de su empresa realiza la obra"

El escenario político e institucional del municipio de El Colorado atraviesa horas de alta tensión tras la difusión de severas observaciones formuladas desde el bloque legislativo opositor. La controversia gira en torno a la adjudicación de diversos frentes de obra pública —entre los que destaca la remodelación y adecuación de la avenida 11 de Febrero— con una masa de recursos asignados que alcanza aproximadamente los 800 millones de pesos. La principal objeción formulada por la concejalía radical radica en que las maquinarias y los equipos operativos observados en la ejecución de los trabajos pertenecen a empresas vinculadas de forma directa a la familia del intendente Mario Briñole.

Al referirse al origen de los datos y a las verificaciones llevadas a cabo en el propio terreno operativo, el concejal Emanuel Zieseniss (UCR) explicitó el procedimiento de constatación afirmando:

"Nos llegó esa información de distintas fuentes confiables y pudimos chequear estando en el lugar, recorriendo, que son las máquinas de la empresa de la familia Briñole las que están realizando la obra. Hicimos una denuncia pública y en los próximos días nos vamos a estar presentando en la justicia para que se investigue".

De acuerdo con el representante deliberativo, el despliegue de maquinaria privada perteneciente al entorno del jefe municipal en emprendimientos financiados con erogaciones del erario público representa una anomalía grave que requiere una minuciosa fiscalización.

Conflicto de intereses, denuncias en la justicia y la brecha patrimonial municipal

La discusión de fondo planteada en el ámbito municipal trasciende el mero volumen monetario de las obras proyectadas e ingresa de lleno en la arquitectura legal que rige la ética pública. Las normativas administrativas e institucionales prescriben de manera explícita la absoluta neutralidad e imparcialidad que debe observar todo funcionario investido de autoridad para administrar recursos pertenecientes a la comunidad. Sobre estas implicancias jurídicas y la necesidad de diferenciar claramente los intereses particulares de las responsabilidades de gobierno, el concejal puntualizó:

"No puede la familia que gobierna estar de los dos lados del mostrador: generar la necesidad o plantear que existe una necesidad y después ser la misma familia la que a través de su empresa realiza la obra. La administración pública tiene que ser imparcial. El derecho penal ha prepared todo un sistema de protección de la imparcialidad dentro de la administración pública, porque si no la obra pública se transforma en un negocio millonario. Nosotros estamos a favor de la obra pública, pero que se realice con transparencia, que se llame a licitación, que participen distintas empresas y que no sean todas empresas de los funcionarios del gobierno las adjudicadas".

Asimismo, un apartado sustancial del análisis periodístico estuvo enfocado en las repercusiones económicas que este esquema de contratación genera sobre la trama productiva local. Según argumenta la oposición, la adjudicación sistemática de licitaciones o la contratación preferencial de una sola firma bloquea la circulación interna de recursos, privando a corralones, comercios de insumos y pequeñas PyMEs locales de participar en la distribución del gasto público municipal. Al profundizar en la necesidad de diversificar a los proveedores del Estado, Zieseniss remarcó en diálogo con FM VLU 88.5 / TVO Formosa:

"Acá deberían haber otras empresas que realicen obras en El Colorado, empresas de la zona, empresas locales. Se le debería comprar al menos parte del material de construcción a corralones locales para que eso signifique una inyección económica a la ciudad, y esto debería replicarse en cada localidad de la provincia. Hay todo un negocio en el marco de la obra pública que es lo que tiene que cambiar para que la provincia empiece a desarrollarse. Si no, tenés un modelo de pueblo pobre con gobernantes ricos, mientras la mayoría llega a mitad de mes procurando trabajar, y ves cómo los políticos que gobiernan se manejan como si sacaran la lotería una vez por mes. Esto no puede seguir así".

Este cuestionamiento se suma a un historial de acciones judiciales promovidas por el sector legislativo opositor contra la conducción del departamento ejecutivo comunal. Durante la entrevista se recordó la presentación de denuncias complejas interpuestas en los tribunales formoseños por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Al detallar el estado procesal en que se encuentran las actuaciones, el edil rememoró:

"Tres denuncias ya le hice a la familia gobernante por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Ahora la pelota está en la cancha de la justicia. De estas denuncias ninguna prosperó; están ahí durmiendo el sueño de los justos. No es que las desestimaron, pero tampoco se hacen las investigaciones como se tienen que hacer. Dentro de nuestras facultades está hacer las denuncias y es nuestra obligación como funcionarios públicos cuando tomamos conocimiento de un posible hecho delictivo. Nosotros cumplimos, pero la justicia se tiene que poner los pantalones largos con respecto a la corrupción".

En paralelo, se trazó un agudo contraste entre el haber mensual que perciben los trabajadores municipales del escalafón general —cuyos ingresos se ubican frecuentemente por debajo del límite de la pobreza— y el vertiginoso incremento patrimonial atribuido al círculo familiar del intendente. La acusación pone de relieve la adquisición de diversos activos comerciales, agrícolas e inmobiliarios en la región. En relación con los activos y bienes inmuebles identificados, Zieseniss explicitó:

"Presentamos una enorme cantidad de material probatorio. Esta era una familia que no tenía patrimonio de origen y de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios, solamente trabajando en la administración pública municipal donde se cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza. No hay explicación lógica o financiera para que eso ocurra si no hubo un acto de corrupción de por medio. Tienen la constructora local, un boliche de dimensiones descomunales, campos por la ruta 3 y recientemente habrían adquirido otro campo de 190 hectáreas, donde casualmente la misma máquina que filmé realizando parte de la avenida 11 de Febrero estaba limpiando el ingreso. También tienen corralones. Eso es lo que está a la vista de todos; imagínate lo que no se ve".

A modo de cierre, se destacó la necesidad de situar los debates sobre transparencia pública en la agenda ciudadana, considerando que la divulgación constante en medios de comunicación y plataformas digitales resulta un pilar insustituible para alentar un proceso institucional de mayor exigencia ética. Al explicar el fundamento de hacer públicas estas acusaciones más allá de la vía formal estricta, Zieseniss concluyó:

"Si un comerciante del rubro de la construcción ves que al único que le dan siempre las obras es a la empresa vinculada al gobierno, ni siquiera vas a intentar progresar en ese rubro ni competir, porque sabés que no tenés chance. La transparencia beneficia en general y también a sectores particulares. Necesitamos mostrar, visibilizar y denunciar para que la gente empiece a impulsar este tipo de cambios. Lo que no se habla en los medios hace de cuenta que no existe; por eso, más allá de las denuncias penales, mostramos las cosas con dureza para que la sociedad tome conciencia".