"Es un abuso de autoridad": la Sociedad Rural se suma a CRA y Cha-For contra los controles que frenan la producción ganadera en Formosa

"Mientras otras provincias simplifican los trámites para producir, en Formosa la burocracia sigue frenando al campo."

El creciente malestar del sector agropecuario formoseño por los controles que dificultan la comercialización de hacienda sumó un nuevo capítulo. Luego del reciente pronunciamiento deConfederaciones Rurales Argentinas (CRA)y de laConfederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For), que reclamaron al Gobierno provincial el fin de los controles arbitrarios y de las trabas burocráticas que afectan a los productores, ahora fue el presidente de laSociedad Rural de Formosa,Alfredo Maglietti, quien elevó el tono de las críticas.

En declaraciones aRadio Uno, durante una entrevista con el periodista Diego Maderi, Maglietti sostuvo que los procedimientos que viene realizando la Policía de la Provincia exceden las facultades que le otorga la legislación vigente y calificó esa actuación como un"abuso de autoridad".

Sus declaraciones aparecen luego de la difusión de videos donde efectivos policiales impiden la carga de hacienda debido a la supuesta falta del certificado de lavado de los camiones, una situación que generó una fuerte reacción de entidades rurales y productores.

Un reclamo que ya había planteado el sector

Maglietti explicó que la Sociedad Rural viene manteniendo conversaciones con autoridades provinciales desde hace tiempo para modernizar el sistema de documentación exigido para el traslado de hacienda.

"Venimos reclamando un Certificado Único, mucho más ágil, como el resto de las provincias ganaderas. Pero lamentablemente en Formosa seguimos teniendo que recorrer distintas oficinas y sorteando controles burocráticos para completar los trámites", afirmó.

Según explicó, mientras en la mayoría de las provincias ganaderas el productor realiza un único trámite ante el SENASA y obtiene toda la documentación necesaria para trasladar la hacienda, en Formosa todavía persiste un esquema fragmentado que obliga a pasar por múltiples organismos antes de poder concretar una operación comercial.

Para el dirigente rural, esa burocracia ya representa una dificultad importante, pero el problema se agrava cuando posteriormente aparecen controles policiales que, a su criterio, aplican exigencias que no les corresponden.

"La Policía no tiene facultades para impedir la carga"

Uno de los puntos centrales del planteo de Maglietti fue la actuación de la Policía provincial respecto del denominado certificado de lavado de los camiones jaula.

El dirigente sostuvo que la verificación de las condiciones sanitarias del transporte constituye una competencia propia delSENASAy de las autoridades nacionales encargadas del control sanitario, mientras que la responsabilidad por la documentación corresponde al transportista.

Por ese motivo afirmó que, aun cuando un camionero no contara con ese certificado,la Policía no puede impedir la carga de los animales ni detener la circulación del transporte, ya que esa medida excede sus atribuciones legales.

En ese caso —explicó—, la eventual irregularidad debería resolverse mediante la confección de un acta para que el transportista responda posteriormente ante la autoridad competente, pero nunca paralizando la operatoria comercial.

"Lo que vemos en el video es claramente una actuación por fuera de las atribuciones concedidas a la Policía", sostuvo.

Pérdidas económicas y bienestar animal

Maglietti también advirtió sobre las consecuencias económicas y productivas que generan estas demoras.

Recordó que la hacienda constituye una mercadería de alto valor económico y que mantener durante horas animales cargados sobre un camión provoca importantes pérdidas de peso, además de afectar directamente su bienestar.

"Cuando un animal permanece mucho tiempo arriba de un camión hay una pérdida importante de kilos y eso significa una pérdida económica para el productor", señaló.

A ello sumó el perjuicio logístico que ocasionan los retrasos en las cargas, alterando cronogramas de remates, traslados hacia frigoríficos y toda la cadena comercial vinculada a la actividad ganadera.

Un reclamo que gana respaldo institucional

Las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural se producen pocos días después del pronunciamiento deCRAyCha-For, entidades que solicitaron formalmente al Gobierno provincial la conformación de unaMesa Técnica de Trabajopara revisar los procedimientos de control y establecer protocolos uniformes que eviten interpretaciones discrecionales.

Las organizaciones rurales sostienen que los controles sanitarios son necesarios, pero insisten en que deben ejercerse dentro del marco legal y sin transformarse en obstáculos para quienes desarrollan su actividad cumpliendo las normas.

En ese contexto, el pronunciamiento de Maglietti profundiza un reclamo que ya no aparece como una queja aislada de productores individuales, sino como una posición compartida por las principales entidades representativas del sector agropecuario.

El trasfondo político

Más allá de la discusión técnica sobre competencias administrativas, el conflicto refleja un malestar creciente entre el sector productivo y el Gobierno provincial respecto del funcionamiento de los mecanismos de control.

Mientras las entidades rurales reclaman simplificación administrativa, digitalización de trámites y un sistema de Documento Único de Tránsito similar al vigente en otras provincias ganaderas, las críticas apuntan a que la acumulación de requisitos y controles termina afectando la competitividad de una actividad clave para la economía del interior formoseño.

La coincidencia entre CRA, Cha-For y ahora la Sociedad Rural de Formosa fortalece institucionalmente un reclamo que busca instalar un debate de fondo: si los mecanismos de fiscalización están cumpliendo un objetivo sanitario y de seguridad o si, por la forma en que son aplicados, terminan convirtiéndose en un factor que desalienta la producción, encarece la comercialización y profundiza las dificultades de un sector que reclama reglas más simples, previsibles y acordes con las que rigen en el resto de las provincias ganaderas del país.